La gratuidad del transporte y lo que parece una falta de cálculo por parte del Gobierno de España han puesto en jaque los fondos de Global, la empresa que ofrece el servicio interurbano de transporte en la Gran Canaria. La compañía, que padece retrasos por parte del Cabildo Insular —a raíz de un desajuste por parte del Estado— a la hora de cobrar el dinero que se ahorra el pasajero, duda que su situación financiera sea sostenible más allá de agosto.
“Lo que me han dicho desde la dirección en las reuniones que he tenido es que [desde la Corporación Insular] ingresaron una cantidad, pero están pendientes de recibir otros conceptos”, cuenta en declaraciones a Atlántico Hoy el presidente del comité de empresa, Santiago Domínguez.
Nóminas
Asegura que Global requirió al gobierno encabezado por Antonio Morales que nivelara las cuentas, para lo que tendría que haber convocado un pleno con el objetivo de ajustar la concesión. “Si no se da, la compañía no cree que tenga fondos para pasar el verano”, afirma.
Domínguez pone sobre la mesa que el problema estará a la hora de pagar el combustible, las nóminas y el resto de gastos mensuales. “No está entrando prácticamente ningún dinero, todo es gratis, pero el Cabildo tiene dinero para hacer la previsión”, subraya.
Un desajuste temporal
Ruyman Santana, gerente de la Autoridad Única del Transporte (UTGC), señala al Gobierno de España como el principal responsable del problema. “El mayor impacto que han sufrido las operadoras (no solo Global) es el desajuste temporal que ha habido con el reconocimiento y abono por parte del Estado con las ayudas a la gratuidad del transporte y su insuficiencia para cubrir los costes”, relata.
Destaca que el Estado ha reconocido a Canarias 81 millones de euros en los años 2023 y 2024. De ese importe, dice que en 2023 le tocó a Gran Canaria 40,7 millones y 38,2 al año siguiente. “En ambos casos han reconocido el importe en los últimos días del año, lo que ha supuesto que nosotros lo tengamos que reconocer y abonar a las operadoras con posterioridad”, admite.
"Tensiones de caja"
"De hecho, las operadoras lo han cobrado a principios del año siguiente al que corresponde la ayuda. Mientras tanto las operadoras sufren tensiones de caja y tienen que recurrir a financiación bancaria y nosotros (la AUTGC y Cabildo), en última instancia, asumimos esos sobrecostes”, prosigue.
Para Domínguez, el presidente del comité de empresa, “es una preocupación potente" porque le han dicho que "si no hay pasta lo primero que hacen es dejar de pagar las nóminas”. “Estoy seguro de que para el Pino no llegaremos”, insiste.
Posible preaviso de huelga
El representante sindical pone sobre la mesa sin titubeos que la consecuencia más directa sería una reunión con carácter extraordinario del comité de empresa para, de manera inmediata, presentar un preaviso de huelga. “Nosotros no tenemos que trabajar gratis”, exclama.
Indica que las políticas de transporte le parecen “fantásticas” y apoya que el bono sea gratuito. Aún así comenta que alguien debe hacer frente a los gastos porque Global destina cada mes más de un millón de euros solo a gasoil. “Luego están los neumáticos, las nóminas y todo lo que lleva detrás una entidad como esta”, resalta.
El procedimiento
Sostiene, al igual que Santana, que para hacer frente a la situación, la empresa está recurriendo a créditos bancarios. El procedimiento comienza con una toma de razón por parte del Cabildo sobre el dinero que debe y el documento, que sirve a la sucursal como garantía, otorga un préstamo para adelantar el dinero con intereses.
“No sabemos cómo va a acabar todo esto, vienen tiempos convulsos en carretera”, afirma. Bajo su punto de vista, se trata de “un juego bastante peligroso”. “Ahora mismo, si el Cabildo pagara todos los bonos que nosotros hemos transportado, sobra dinero, la empresa tendría superávit”, apostilla.
"Un reconocimiento explícito"
Por su parte, el gerente de la AUTGC lamenta que las cantidades reconocidas por el Estado son insuficientes para cubrir los costes asociados a la gratuidad. “De hecho, ya han anunciado que aumentarán la ayuda a Canarias hasta los 120 millones de euros en 2025”, desarrolla.
Lo interpreta como “un reconocimiento implícito pero inequívoco de que los 81 millones que aportan eran manifiestamente insuficientes”.