José Ramón García Aragón se ha incorporado al Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas este viernes, tras cesar en el puesto el magistrado Carlos Vielba, que  tiene su plaza en la Audiencia de Las Palmas y ejercía de sustituto desde hace unos meses al quedarse sin titular ese órgano judicial.

Se trata del juzgado que tramita el concurso de acreedores del Grupo Santana Cazorla, cuya venta de acciones al mejor postor en Anfi del Mar y Anfi Tauro ha sido autorizada este mes de febrero por Vielba, con la oposición de los hijos de Santiago Santana Cazorla.

Nulidades

José Ramón García tiene sobre la mesa varias cuestiones que no resolvió su colega, entre ellas un recurso de reposición en el que se pide la anulación del procedimiento de subasta, así como la recusación del administrador concursal que ha propuesto la venta de las acciones a Lopesan.

García, que era titular del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Las Palmas, optó en solitario a la plaza en el Juzgado de lo Mercantil número 2.

Campaña

La Asociación de Juristas Europeos Pro Lege impugnó su designación a finales de noviembre, con el argumento de que carecía de la especialización requerida, que el juzgado ya tenía sustituto y que era mejor esperar a la nueva promoción de especialistas que estaba en proceso de formación.

El pasado 8 de enero, sin embargo, el Boletín Oficial del Estado publicó el nombramiento de García Aragón como titular de Mercantil 2.

Fechas clave

Una semana después, el 17 de enero, se publica en el periódico El Mundo el proceso de concurrencia para la venta de los activos de Grupo Santana Cazorla, con diez día de plazo para presentar ofertas, pero el anuncio queda sin efecto.

Tres semanas después, el pasado 6 de febrero, es cuando Vielba autoriza la subasta, volviéndose a publicar el anuncio en el mismo medio de comunicación.

Sin efectos suspensivos

Todo indica que la anterior publicación estuvo impulsada por la consultora que administra el concurso de acreedores de Grupo Santana Cazorla, cuyo nombramiento también fue recurrido por los fundadores de la empresa y todavía no se ha resuelto.

Ninguno de esas impugnaciones o incidentes tiene efectos suspensivos. De ahí que el juez siguiese adelante con la propuesta de abrir un proceso de subasta, todo tras una oferta de 8 millones de Lopesan, propietario a través de una filial del otro 50 % del Grupo Anfi.