EL nuevo titular del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Las Palmas, José Ramón García Aragón, ha renunciado a llevar el concurso de acreedores de Grupo Santana Cazorla.
La abstención del magistrado afecta al proceso de subasta iniciado por el actual administrador concursal y el juez anterior, quienes autorizaron la venta del 50 % de las participaciones que Grupo Santana Cazorla tiene en Anfi Sales y Anfi Resorts, sociedades propietarias de los complejos turísticos Anfi del Mar y Anfi Tauro, en el sur de Gran Canaria.
Suspensión
Así lo recoge una diligencia de ordenación dictada por el propio juzgado, que cita la Ley Orgánica del Poder Judicial para aclarar que la abstención "suspende el curso del proceso", al menos hasta que se resuelva la cuestión planteada o transcurra el plazo previsto para su resolución.
Ese plazo es de diez días, aunque posteriormente, según se admita o no la renuncia del juez, se tendrá que volver a activar el procedimiento de manera formal.
Supuestos
En el caso de que la Audiencia de Las Palmas no acepte las razones de José Ramón García para apartarse del caso, es el propio magistrado quien debe dictar una providencia para poner fin a la suspensión del procedimiento y seguir con su tramitación, sin perjuicio de que las partes le recusen.
En cambio, si la abstención es aceptada por el órgano colegiado, el juez dictará un auto para apartarse del asunto de manera definitiva. Con esa resolución judicial, que no es recurrible, se remitirán las actuaciones a su sustituto.
Reemplazo
El sustituto legal es el magistrado Guillermo Fernández García, anteriormente en el Juzgado de lo Mercantil número 2 y ahora en el 3.
Fernández García, por tanto, conoce el concurso de acreedores de Grupo Santana Cazorla, pues el proceso se inició en 2022, estando al frente del Juzgado de lo Mercantil número 2.
Imparcialidad
Los procedimientos de abstención y recusación están previstos en la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar el derecho a un juez imparcial.
En el presente concurso, una vez que se resuelva esa cuestión, el magistrado que se quede con la competencia deberá abordar cuestiones importantes, como la recusación del administrador concursal solicitada por los hijos de Santiago Santana Cazorla, o un recurso de reposición interpuesto contra la venta de las acciones de Anfi Sales y Anfi Resorts.
Se trata del activo más importante de la empresa, cuya subasta fue autorizada por el magistrado Carlos Vielba, que ha estado unos meses al frente del juzgado en funciones de sustitución.
Nulidades
Los herederos de Santana Cazorla reclaman la nulidad de la subasta por varias incongruencias en la motivación y anomalías en la tramitación, como la publicación del anuncio de concurrencia tres semanas antes de dictarse el auto judicial que autoriza la operación de venta y fija las condiciones para recibir ofertas.
En el fondo del asunto hay una lucha soterrada entre Lopesan y Santana Cazorla por Grupo Anfi: el primero tiene la mitad de ese negocio turístico a través de una filial, y el segundo se resiste a "malvender" la otra mitad para que no caiga en manos de su competidor.
Lopesan, mediante una de sus sociedades, ha ofrecido ocho millones de euros por esas participaciones, propuesta asumida por el administrador concursal, PKF Attest, que finalmente el juzgado ha empleado para fijar el precio inicial de la puja y darle publicidad a la concurrencia de ofertas.