El Juzgado Mercantil número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha sentenciado que es culpable el concurso de acreedores necesario de la compañía Obryser Canarias, acaecido en 2020. Dicha instancia señala a Ricardo Luis Díaz como la persona afectada por la calificación y responsable del fallido.
En consecuencia, se le condena a la inhabilitación para administrar bienes ajenos durante un período de tres años, así como para representar a cualquier individuo durante el mismo tiempo. Además, pierde los derechos que pudiera tener como acreedor. La sentencia no es firme y puede ser recurrida.
Descubiertos
Obryser se constituyó en 2009 y está censada en el municipio de Icod de los Vinos, en la calle Julio Arencibia número 17, en la imagen que ilustra la información.
Tras acumular varios impagos, en 2020 un acreedor acudió al juzgado e instó la declaración de quiebra necesaria, que fue admitida a trámite.
Ricardo Luis Díaz actuó como administrador único desde 2015 hasta el que el juzgado dictó la bancarrota y la consiguiente incautación de la sociedad completa.
El propietario, José Afonso Hernández, no se ha visto afectado por las vicisitudes de la quiebra, pues carecía de poderes de gestión.