¿Cuantos gases contaminantes se van a emitir a la atmósfera si entran en funcionamiento los grupos electrógenos antiapagones de Sampol en el polígono industrial de La Campana? ¿Qué efectos tendría un accidente con los generadores de emergencia sobre el tráfico aéreo del aeropuerto Tenerife Norte? ¿Cómo será el protocolo de seguridad de la empresa para suministrar miles de litros de un elemento volátil como el gasoil a sus minicentrales?

Son algunas de las preguntas que se plantean en el Informe de Impacto Ambiental del proyecto de Sampol para dotar al polígono de una planta de emergencia de nueve megavatios por si volviese a producirse un cero energético o un apagón parcial en Tenerife.  La Consejería de Transición Ecológica ha autorizado el proyecto, pero pone algunos condicionantes para resolver estas y otras preguntas. Además, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también ha hecho matizaciones y un particular ha presentado alegaciones en contra.

El proyecto de Sampol forma parte de las medidas incluidas en la estrategia del Gobierno canario para garantizar el suministro eléctrico en las islas tras la declaración de emergencia energética, aprobada en 2023, ante el riesgo real de apagones. Ahora, la compañía tendrá que hacer algunas adaptaciones a su planteamiento para poder instalar los generadores.

Emisiones y límite de uso

El expediente fija como una de las obligaciones que los cinco grupos electrógenos de gasoil se doten de sistemas de reducción catalítica selectiva (SCR) para disminuir las emisiones de óxidos de nitrógeno. Este tipo de equipamiento, habitual en grandes centrales, será imprescindible para que la planta pueda operar.

Además, el uso queda limitado a entre 500 y 1.000 horas al año y únicamente en casos de emergencia. Si se exceden esas horas, el proyecto deberá ser reevaluado ambientalmente y contar con un informe de la Dirección General de Salud Pública.

Seguridad aérea y transporte de combustible

El documento exige también un análisis específico sobre el impacto que un accidente en la planta podría tener en el tráfico aéreo del aeropuerto de Tenerife Norte, ya que la instalación se encuentra dentro de su zona de influencia.

De forma paralela, la empresa deberá elaborar un estudio sobre el transporte del gasoil que alimente a los motores, al considerarse mercancía peligrosa. Este aspecto, según subraya la resolución, no estaba contemplado en el diseño original y deberá resolverse antes de la puesta en marcha.

Ruido, hidráulica y drenaje

Otro de los condicionantes afecta al plano local. Antes de comenzar las obras, se deberá realizar un estudio acústico para evaluar el impacto del proyecto y, en cualquier caso, la planta tendrá que contar con un sistema de monitorización continua del ruido una vez en funcionamiento.

En materia hidráulica, la ubicación de la instalación, junto al complejo de El Chorrillo y en terrenos previstos para una futura estación depuradora, obliga a presentar un estudio de riesgo hidráulico que garantice la compatibilidad con esas infraestructuras. El informe detecta además que el proyecto inicial carecía de sistema de drenaje, por lo que esa carencia deberá subsanarse en la nueva documentación.

Campos magnéticos y autoprotección

El expediente incorpora también obligaciones de carácter más técnico. Entre ellas, la realización de un estudio de campos magnéticos en la fase inicial de operación para verificar la exposición a radiaciones no ionizantes y adoptar medidas correctoras en caso necesario.

Asimismo, el promotor tendrá que elaborar un plan de autoprotección, firmado por técnico acreditado y debidamente inscrito en el registro oficial de la comunidad autónoma.

Alegaciones ciudadanas

Durante el periodo de información pública, el expediente recibió alegaciones de administraciones y particulares. La más destacada fue la de Javier Santa Cruz Cano, quien cuestionó la coherencia del proyecto con los compromisos climáticos de Canarias.

En su escrito advirtió de una contradicción con la legislación vigente y con la transición energética justa, denunció que la planta obstaculiza la integración de energías renovables y de sistemas de almacenamiento avanzado, alertó de un impacto ambiental severo y de perjuicios a la salud pública, y criticó el uso del procedimiento de urgencia como vía para impulsar una infraestructura contraria a la estrategia energética de largo plazo. Estas alegaciones fueron contestadas por el promotor y no se han recogido en la resolución final.

Una autorización condicionada

El Gobierno subraya en la resolución que la planta solo podrá despacharse en caso de riesgo cierto para la seguridad de suministro y tendrá una vigencia máxima de tres años, prorrogable si persisten las circunstancias de emergencia. Con ello, se pretende reforzar la cobertura eléctrica en Tenerife, aunque el expediente revela que su funcionamiento estará sujeto a un estricto marco de control técnico, ambiental y de seguridad.