Por primera vez, las entidades privadas subvencionadas por el Gobierno de Canarias han superado de media el aprobado en transparencia. La puntuación media obtenida por las 756 organizaciones evaluadas en el último informe del Comisionado de Transparencia, correspondiente al bienio 2022–2023, ha sido de 6,15 puntos, un avance considerable respecto al 4,02 que se alcanzó en 2019.

Sin embargo, esta mejora se ve empañada por un dato preocupante: el 31 % de las entidades privadas obligadas a evaluarse no lo hicieron, a pesar de que la ley exige que todas aquellas que reciben subvenciones públicas rindan cuentas. En 2021, participaron 941 entidades (un 91,7 % del total), mientras que en esta última evaluación lo hicieron solo 756, lo que supone un descenso de más de veinte puntos en la participación.

Suspensos millonarios

Entre las entidades que sí accedieron a ser evaluadas, más de medio centenar suspendió en transparencia, muchas de ellas con notas especialmente bajas pese a haber recibido cuantiosas ayudas públicas. En total, el Gobierno de Canarias entregó entre 2022 y 2023 aproximadamente 98 millones de euros a las entidades con suspenso, de los 985 millones de euros entregados en dicho bienio a todas las analizadas.

Destaca el caso de ISMASOL 2009 SLU, que con una puntuación de 0,30 sobre 10 recibió más de 3,2 millones de euros. También Docencia y Multimedia Canarias, S.L., con 1,2 millones y una nota de 0,21, o ACATEN 2020 SL, que obtuvo un 0,42 con una subvención de más de 1,1 millones.

Otros casos llamativos son los de la Asociación Canaria de Amistad con el Pueblo Saharaui, con 1,82 de nota y más de 2 millones recibidos, o el de VM 1970 Sociedad Limitada, que obtuvo un 1,92 con 430.000 euros de subvención. Por su parte, ProyectaEmpleo ETT, S.L. suspendió con un 0,30, habiendo percibido más de 428.000 euros.

Turismo y empresas, también señalados

Entre las entidades del sector empresarial y turístico también figuran suspensos significativos. Club La Santa S.A., una de las que más fondos recibió, obtuvo un 3,40 tras percibir más de 5,2 millones de euros. Le siguen Adrián Hoteles SL y Grupo LD2 & DT SL, ambas con 5 millones de subvención y notas de 2,20 y 2,53, respectivamente. También Veturis Travel SA, que recibió 5 millones y logró solo un 3,19.

Otro caso destacado es el de Tobacco Revolutions, S.L., empresa vinculada a la marca Tabaco Barato, que fue subvencionada con 365.208 euros y obtuvo una calificación de 3,60.

Entidades sociales con bajas calificaciones

Llaman especialmente la atención algunas organizaciones del tercer sector, habitualmente asociadas a funciones asistenciales. La Asociación Social Oportunidades de Vida, por ejemplo, recibió 2,45 millones de euros y suspendió con una nota de 1,99. La Asociación Mensajeros de la Paz Canarias obtuvo un 2,80 pese a contar con más de 1,1 millones de subvención. También aparece en la lista la organización ÁMATE, centrada en la lucha contra el cáncer de mama, con una puntuación de 2,88 y 844.344 euros percibidos.

Por parte de entidades institucionales o de proyección pública destaca el caso del Obispado de Tenerife, que obtuvo un 4,86 con 2,6 millones de euros de fondos, así como la Federación Canaria de Fútbol, que suspendió con un 0,44 pese a haber recibido más de 1,6 millones, o la Federación Insular de Lucha Canaria de Gran Canaria, con un 4,34 y 246.000 euros de subvención.

Propuesta para endurecer consecuencias

Durante la presentación del informe en el Parlamento de Canarias, la diputada de Nueva Canarias, Carmen Hernández, propuso que el incumplimiento en materia de transparencia tenga consecuencias directas: “La primera consecuencia de incumplir en materia de transparencia debe ser no poder acceder a los fondos públicos”, reclamó.

La diputada defendió además que, por una cuestión de mejora, “cuando las entidades públicas aparecen suspendidas... nos ponemos todos las pilas para aprobar al año siguiente”.

El Comisionado se abre al debate

La comisionada de Transparencia, Noelia García, se mostró abierta a trabajar junto al Parlamento en futuras medidas sancionadoras: “No tengo problema alguno cuando tengamos diseñado un plan de acciones para trabajar con esas entidades incumplidoras... y trabajarlos con ustedes, por si pueden hacernos aportaciones a ese plan que pondremos en marcha”.

La futura Ley Canaria de Transparencia, que está en elaboración, podría incorporar nuevas herramientas de fiscalización sobre las entidades privadas que perciben fondos públicos. En palabras de Carmen Hernández: “Debemos reclamar que se sometan a la transparencia. Si como nota media los que participan sacan poco más de un 6... sabemos que hay muchas entidades que suspenden, y esto es inaceptable”.