El último informe anual del Comisionado de Transparencia de Canarias, que ha sido presentado este lunes en el Parlamento de Canarias por Noelia García Leal, la comisionada, sitúa nuevamente al sector municipal como el ámbito institucional que más reclamaciones recibe por parte de la ciudadanía en materia de derecho de acceso a la información pública. En 2024, los ayuntamientos canarios fueron objeto de 469 de las 773 reclamaciones resueltas, lo que representa un 60,6 % del total. Este dato contrasta con el 32,3 % registrado en 2023, cuando se tramitaron 207 reclamaciones contra corporaciones locales.
La evolución interanual es llamativa: en solo 12 meses, el volumen de reclamaciones dirigidas al nivel local se ha más que duplicado. Desde 2022, cuando se resolvieron 172 reclamaciones contra ayuntamientos, el incremento acumulado supera el 170 %. En palabras del informe, “más de la mitad de las resoluciones se han dirigido a entidades del ámbito municipal”.
Municipios más reclamados
Entre los municipios más señalados destacan casos como el de Fuencaliente, con 77 reclamaciones en un solo año, o el de Santa Cruz de Tenerife, con 42. Les siguen Santa Lucía de Tirajana (34), Las Palmas de Gran Canaria (27), Arucas (23) y San Bartolomé de Tirajana (20). Estos seis ayuntamientos concentran más del 40 % de las reclamaciones del sector local.
El informe no especifica en cada caso el tipo de información solicitada en el ámbito municipal. En términos globales, las materias más recurrentes en el conjunto del sistema son empleo público, ordenación del territorio y servicios y procedimientos administrativos. La ausencia de respuesta es uno de los motivos más frecuentes de reclamación: el 23 % de las resoluciones estimatorias de 2024 lo fueron “formalmente”, es decir, porque la entidad reclamada no contestó en el plazo legal y el Comisionado estimó la solicitud por silencio administrativo.
Incumplimiento total
Una parte de los ayuntamientos no solo presenta altos volúmenes de reclamaciones, sino que directamente no responde a ninguna. Es el caso de Icod de los Vinos, Puerto del Rosario y Santa María de Guía, que según el informe “no cumplieron ninguna” de las resoluciones estimatorias dictadas en su contra durante el año 2022. Aunque la mayoría de los municipios cumple total o parcialmente las resoluciones del Comisionado, estos tres consistorios representan una situación de incumplimiento absoluto.
El informe recoge que algunas entidades públicas alegan “falta de medios personales o materiales” como justificación para no atender solicitudes de información. Aunque no se citan respuestas textuales de los ayuntamientos mencionados, el Comisionado recuerda en su informe que la carencia de recursos no exime del cumplimiento de la normativa. De hecho, señala que la estimación por silencio no es un mero formalismo, sino una forma de garantizar el derecho vulnerado por la inactividad de la administración.
Postura institucional
Durante su comparecencia parlamentaria de este 21 de julio, la comisionada de Transparencia, Noelia García Leal, ha insistido en que “la mayoría de las reclamaciones vienen derivadas del silencio administrativo”, y ha lamentado que muchas entidades “ni siquiera contestan cuando se les pide el trámite de audiencia”. Estas declaraciones refuerzan el diagnóstico que se expone en el informe sobre el incumplimiento en el sector local.
La situación de los municipios más pequeños fue también objeto de debate parlamentario. La diputada de Coalición Canaria, Socorro Beato, apuntó que “la valoración global es heterogénea” y que se aprecia “la fortaleza de las grandes instituciones frente a la fragilidad y falta de recursos de los pequeños ayuntamientos”. En este sentido, valoró positivamente que el Comisionado plantee una labor de acompañamiento para mejorar el cumplimiento en las administraciones locales con mayores dificultades.
Sin hipótesis del informe
En informes anteriores, esta alegación de falta de personal ha sido frecuente entre entidades locales. El informe no establece relaciones entre el tamaño del municipio, su carga de trabajo o su nivel de respuesta, ni aporta hipótesis sobre otros factores que puedan influir en el incumplimiento.
El documento concluye que “la transparencia no puede ser una opción condicionada por la capacidad administrativa”. En este contexto, el Comisionado insiste en la necesidad de mantener y reforzar el sistema de reclamaciones como vía de garantía ciudadana frente a la opacidad persistente, especialmente en el ámbito local, donde la proximidad al ciudadano no siempre se traduce en mayor accesibilidad informativa.