La primera sesión del juicio que enfrenta a los hermanos Santana Cazorla, tras la entrada de Lopesan en el Grupo Anfi, ha dejado en la Audiencia de Las Palmas un buen puñado de cuestiones previas por resolver, además de una "guerra a tres bandas" para controlar el consejo de administración de la sociedad.
Entre esas cuestiones previas destaca la aportación a última hora de un contrato mercantil con el que las defensas de Manuel Santana Cazorla, Arturo Ramírez González y Manuel Fernández González quieren neutralizar las acusaciones de la Fiscalía de Las Palmas y el propio Santiago Santana Cazorla, cuya mujer e hijos ejercen la acción popular contra su hermano y los otros dos altos cargos de Anfi.
Perjuicio
Manuel Fernández, además de diputado del PP en Canarias durante la etapa de José Manuel Soria, era asesor y consejero de varias empresas vinculadas a Anfi, con importantes intereses turísticos en el municipio de Mogán, controlada ahora por Lopesan a través de su filial IFA, principal competidor isleño del Grupo Santana Cazorla.
La Fiscalía les acusa de administración desleal y reclama tres años de cárcel por varias operaciones que causaron un perjuicio económico a Anfi de 780.940 euros, según las conclusiones provisionales del ministerio público.
Testigos
Ese dinero se corresponde con la indemnización que cobró Ramírez tras ser autorizada por Manuel Santana y Manuel Fernández, consejeros "controlados" por Lopesan a través de IFA, según reveló durante la vista oral Óscar Javier Merino Centeno, que trabaja como economista para el Grupo Santana Cazorla desde 2003.
Este testigo cree que la elevada indemnización a Ramírez es un "pago enmascarado" a Manuel Santana y sus consejeros de confianza tras ceder el control de Anfi a Lopesan.
En ese consejo de administración de 2018, Santiago Santana, a quien representaba Merino a través de la empresa Bodegas Tirajanas, ya estaba en minoría. Su hermano había transmitido a IFA las sociedades consejeras y los derechos de liquidación en Anfi.
Acción de oro
Lopesan entró en Anfi al comprar el 50 % a los socios noruegos, al tiempo que el Grupo Santana Cazorla mantenía el otro 50 % de la sociedad.
La situación, sin embargo, se complicó tras ese consejo de administración para Santiago Santana, que perdió también sus "privilegios y poderes especiales", entre ellos la "acción de oro", que le permitía ejercer el voto por partida doble para resolver cualquier situación de empate, entre otras prerrogativas.
El testigo agrega que había "acuerdos por detrás" y que a ese consejo llegó todo "preparado", sin que accedieran a darle la documentación solicitada ni aplazar la reunión. "Me fui de la reunión para no ser una comparsa", añadió Merino ante el tribunal.
Nuevo contrato
Ramírez, además de ser indemnizado con casi 800.000 euros, fue contratado en ese mismo consejo como "asesor de estrategias", con una retribución fija de 144.060 euros en 12 mensualidades.
"A un trabajador con el que se está contento no se le despide por esa cantidad para contratarlo en otro puesto", explica el economista, que, además, hizo hincapié durante su declaración en las "pérdidas" y las "dificultades" de Anfi para pagar a los proveedores.
Facturas
Con todo, pese a ese mal momento económico, los "consejeros de Lopesan votaron a favor de pagar", solicitando más adelante entrar en concurso de acreedores.
Añade el economista que no existía un contrato escrito con el salario y la indemnización cobrada por el alto cargo, sino facturas por los servicios prestados en su mayoría firmadas por Manuel Santana.
Ramírez entró en Anfi como director institucional en virtud del pacto de socios de 2012. Las defensas, sin embargo, aseguran que ese acuerdo verbal se formalizó por escrito en 2014.
Golpe de efecto
Es más, en la sesión de este martes, los letrados defensores aportaron el contrato original y una pericial para demostrar su autenticidad, prueba que ha sido impugnada por la acusación popular, tras tacharla de falsa y advertir con una posible querella por estafa procesal.
El golpe de efecto sorprendió tanto al fiscal como al tribunal, que llamó la atención de los letrados por no haber presentado con anterioridad tan importante documento.
Las actuaciones, en ese sentido, llevan desde 2021 en la Sección Segunda de la Audiencia de Las Palmas, y el señalamiento del juicio fue aplazado en una ocasión.
Las defensas, como es lógico, se escudaron en la "estrategia" procesal para justificar la sorprendente aparición a última hora del contrato escrito.
Verbal
Hasta el momento, durante la instrucción de la querella presentada por Bodegas Tirajanas, el convencimiento de Fiscalía es que solo había un acuerdo verbal, sin estar justificada la importante compensación económica recibida por Ramírez.
Con todo, el director general operativo de Anfi, José Luis Trujillo Ramírez, aclaró como testigo que nunca vio ese contrato, sino que supo de su existencia por referencias de Manuel Santana.
Rarezas
A preguntas de las acusaciones, Trujillo concedió que se trata de una indemnización elevada, que nadie le explicó los motivos de la misma y que Ramírez era el único ejecutivo que cobraba de esa manera, esto es, mediante facturas presentadas y firmadas por Manuel Santana.
También dijo que su colega participaba en reuniones en calidad de responsable institucional del grupo, pero no tenía trabajadores a su cargo ni despacho en Anfi, al contrario que el propio Trujillo, cuya dedicación es exclusiva y cobró menos que Ramírez por una reclamación similar tras el cambio en el accionariado.
El negociador
Asimismo testificó Martín Jesús Suárez Hernández, abogado que negoció la rescisión del contrato de Ramírez.
A su juicio, la elevada indemnización no supuso un perjuicio para Anfi, sino un beneficio, pues el alto ejecutivo reclamaba el doble por haberse cerrado con éxito el traspaso de acciones a Lopesan, operación sobre la que tenía un bonus o prima de compensación si resultaba exitosa.
Martín Suárez, que estuvo imputado en la causa antes de pasar a la condición de testigo, era el asesor de Manuel Santana, pero, tras la entrada de los consejeros de IFA, aceptó la novación de su contrato para asesorar a todo el consejo, sin que cobrase por ese cambio ninguna retribución extra.
Continuación
La Audiencia de Las Palmas, ante la ausencia de testigos importantes como Andrés Fermoso, hacedor de Lopesan en esos consejos de administración, señaló la continuidad del juicio para los días seis y siete de febrero, con la finalidad de evaluar si está en condiciones de salud para testificar.
El tribunal se pronunciará en la sentencia sobre las cuestiones de nulidad planteadas y sobre la veracidad del contrato aportado como prueba.
Los acusados declararán al final del juicio, no al principio como suele ser habitual.