La Cueva de la Negra, en Pájara, vuelve a situarse en el centro de un conflicto entre la aplicación de la Ley de Costas y la protección del patrimonio tradicional de Fuerteventura. La familia de Pascuala Roger, de 80 años, ha reclamado la intervención del Gobierno de España después de dos operativos desplegados en agosto y septiembre para ejecutar la entrada y demolición de la vivienda.
La documentación oficial aportada por la familia confirma que Demarcación de Costas de Canarias tiene una resolución firme para recuperar el dominio público marítimo-terrestre y demoler la edificación, mientras que un auto judicial de julio de 2026 autorizó la entrada en la vivienda para ejecutar esa decisión.
Una demolición ordenada desde hace años
El conflicto se remonta a una resolución de 11 de febrero de 2008 por la que Costas acordó recuperar el dominio público marítimo-terrestre ocupado por una edificación situada en la zona de Cueva la Negra, en Punta de Jandía, en el municipio de Pájara. La resolución se refiere a la vivienda denominada "Casa Las Señoras-Punta de Jandía".
El expediente establece que la construcción quedó afectada por el deslinde aprobado mediante una orden ministerial y que posteriormente se acordó su ejecución forzosa y subsidiaria mediante la demolición, retirada de los restos y reposición del terreno a su estado original. El auto judicial de 28 de julio de 2026 recoge que la vivienda tiene una superficie aproximada de 40 metros cuadrados.
El mismo auto autorizó al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Demarcación de Costas de Canarias a entrar en la vivienda para ejecutar la demolición y recuperar el terreno. La autorización establecía que la entrada debía realizarse en horas diurnas, dentro de un plazo de dos meses y con un preaviso mínimo de cinco días.
Dos operativos en menos de un mes
La familia denuncia que la Administración activó dos dispositivos vinculados a la ejecución de la demolición.
El primero se produjo el 26 de agosto de 2026. Según la familia, en ese momento estaban vigentes medidas cautelares adoptadas por el Cabildo de Fuerteventura que impedían la demolición mientras se estudiaban los posibles valores patrimoniales de la vivienda y su entorno. Esta circunstancia forma parte de la denuncia realizada por los familiares y no consta en la documentación judicial aportada como una resolución reproducida íntegramente.
La notificación de Costas de agosto sí acredita que la Demarcación tenía previsto ejecutar la demolición subsidiaria y la destrucción de la edificación el día 26 de agosto.
El segundo operativo se produjo el 21 de septiembre. Costas notificó previamente que ese día accedería a la vivienda y procedería a su inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas. El documento está fechado el 11 de septiembre.
En este punto existe una discrepancia que conviene diferenciar: la familia sostiene que no se respetaron las condiciones fijadas por el auto judicial, mientras que la notificación oficial aportada está fechada diez días antes de la actuación anunciada, por encima de los cinco días de preaviso fijados en la resolución judicial.
Una casa con valor arqueológico
La reivindicación de la familia no se limita al carácter tradicional de la vivienda. La documentación del Plan General de Ordenación de Pájara, en su catálogo de protección de marzo de 2023, identifica la Cueva la Negra como un bien de tipo arqueológico, situado en el Parque Natural de Jandía.
La ficha municipal, con referencia IFQ-135, señala además que se trata de un yacimiento arqueológico registrado e incorpora fotografías del estado actual del enclave. El documento recoge también que el lugar está incluido en la revisión y actualización del inventario arqueológico y etnográfico del municipio promovido por el Cabildo de Fuerteventura.
La familia sostiene que la vivienda tiene más de 120 años de historia y que su entorno contiene evidencias arqueológicas aborígenes, entre ellas abundante malacofauna y cerámica. Estos elementos aparecen en la documentación aportada por los familiares como parte de la argumentación para solicitar que se estudien y cataloguen los valores históricos, etnográficos y arqueológicos del enclave.
El precedente judicial
El auto judicial de julio de 2026 recuerda que la recuperación del dominio público sobre esta vivienda viene de un procedimiento iniciado muchos años atrás. Según la resolución, la actuación de Costas de 2008 acabó adquiriendo firmeza y en 2022 se acordó la ejecución forzosa mediante demolición.
La resolución también recoge que una medida cautelar solicitada por la afectada para suspender esa ejecución fue desestimada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en junio de 2022. Posteriormente, el TSJC dictó sentencia el 31 de octubre de 2024, cuya firmeza fue declarada en enero de 2025.
El juzgado concluyó que la entrada era necesaria para ejecutar una resolución administrativa firme y autorizó expresamente a Costas a acceder, demoler la vivienda y reponer el terreno.
Una disputa que trasciende Fuerteventura
La familia reclama ahora al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, que se esclarezca la cadena de decisiones que desembocó en los dos operativos.
Entre otras cuestiones, pide conocer quién ordenó los dispositivos, qué controles jurídicos se realizaron previamente, quién autorizó las labores de vigilancia sobre la vivienda y por qué, según su versión, Costas no habría solicitado al Cabildo un informe patrimonial previo sobre el inmueble y su entorno. Se trata de peticiones y acusaciones formuladas por la familia, no de conclusiones establecidas en las resoluciones judiciales aportadas.
La familia sitúa además el caso dentro de un debate más amplio sobre las construcciones tradicionales del litoral canario. La documentación aportada recuerda que el Senado planteó en mayo de 2026 una moratoria para determinados procedimientos sobre el dominio público marítimo-terrestre mientras se abordaba una reforma legislativa sobre estos enclaves. Esa iniciativa quedó recogida posteriormente en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
El documento del Senado de 29 de junio de 2026 recoge, entre las propuestas debatidas, la suspensión cautelar de la tramitación de determinados cambios reglamentarios de Costas y una moratoria de procedimientos de deslinde, reversión, ocupación, caducidad o demolición mientras se tramitaba una modificación de la Ley de Costas.
La familia pretende ahora que el caso de la Cueva de la Negra sirva para impulsar una identificación y catalogación más amplia del patrimonio costero tradicional de Canarias, formado por chozas, cuevas, viviendas y pequeños asentamientos vinculados históricamente a la ocupación del litoral.
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