De forma unánime todos los grupos representadas en el pleno del Cabildo de Fuerteventura han votado en contra de que la isla sea escenario de la búsqueda de tierras raras. Los grupos han aprobado este viernes una moción presentada por el grupo de Gobierno para instar al Gobierno de Canarias a dejar sin efecto los permisos de investigación solicitados en la isla.
Según ha trasladado el cabildo insular en un comunicado, la estracción de tierras raras es una actividad altamente contaminante que, incluso en fase de investigación, conlleva efectos irreparables en el territorio, ponen en riesgo la planificación insular y cuyos permisos se han admitido a trámite en Fuerteventura sin consultar ni a las instituciones locales ni a la sociedad majorera.
Los permisos
Hay que tener en cuenta que para la explotación de cualquier recurso minero hay que pasar por tres fases, la primera de exploración del propio recurso, la investigación, en la que se han de realizar sondeos y que requiere de la apertura de caminos o la instalación de plataformas, y la posterior explotación.
Desde la Corporación insular rechazan a autorizar este tipo de prospecciones en el territorio, en cualquiera de sus fases (investigación o desarrollo), ni ahora ni el futuro. Sin embargo, las instituciones insulares no tienen competencias en este tipo de autorizaciones, sino que corre a cargo de Industria del Gobierno de Canarias, área que ha autorizado ya una investigación de tierras raras en Fuerteventura, y en breve se publicará otra autorización.
El daño
Tal y como incide el Cabildo, una vez estudiada la situación, los informes advierten del grave daño que causarían en zonas de la Reserva de la Biosfera, zonas de especial protección para las aves (ZEPA), Red Natura 2000, hábitats de interés comunitario y otras afecciones a elementos de interés etnográfico y patrimonial.
El primero de estos permisos (Tenáridos -FV02 P.LP Opares) se sitúa en la zona del municipio de Puerto del Rosario, dentro del mancomún. Las coordenadas que establece el proyecto actual duplican la superficie de actuación con respecto a las que fueron publicadas primero en el Boletín Oficial del Estado (28 de febrero).
Segundo permiso
A la incertidumbre que ha generado este primer proyecto, se le ha sumado otro, aún no publicado en el BOE, que multiplica por catorce la superficie del que se encuentra ya en trámite, y que afecta a unos 19 kilómetros cuadrados de los municipios de Pájara y Betancuria (Tenáridos-FV03 P.LP Verode).
Según la presidenta insular, Lola García, “no ponemos en duda las posibilidades que puede tener su investigación desde el punto de vista tecnológico, pero nos preocupan las consecuencias que pueda tener en el territorio este tipo de minería que, incluso en fase de investigación, utiliza técnicas agresivas y elementos altamente contaminantes”.
Extracción
“Estamos hablando de que, para obtener una mínima cantidad de estos materiales, se requiere de la extracción de toneladas de tierra y un destrozo irreparable de una superficie amplia y zonas protegidas con gran valor natural y etnográfico”, ha alertado. “Todo ello, como siempre, sin informar ni consultar a la sociedad e instituciones majoreras, pues no se entiende cómo el Gobierno de Canarias no comunica a las instituciones locales unos permisos que pretende autorizar, teniendo en cuenta la tremenda afección negativa sobre el territorio”, ha proseguido García.
La presidenta ha recordado que el territorio es “frágil”, por lo que “no queremos que Fuerteventura siga siendo el solar de ensayo de toda Canarias para las grandes empresas y mucho menos con el beneplácito del Estado”. En este sentido, ha recordado que “ya nos están bombardeando lo suficiente con parques fotovoltaicos y eólicos aprobados por la vía del interés general y sin ordenación, tendidos eléctricos de norte a sur y campos de tiro”.
Lola García ha indicado, además, que “ya he pedido por escrito a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias la relación de solicitudes de permisos de exploración, investigación y explotación de tierras raras concedidas y en trámite en los últimos diez años en Fuerteventura”.
Sin consulta
El vicepresidente del Cabildo, Blas Acosta, por su parte, ha manifestado que no se va a permitir que “se den permisos de exploración sin que hayan pedido consulta previa a las instituciones insulares sobre una actividad industrial y extractiva con implicaciones socioeconómicas de gran magnitud sobre Fuerteventura y que supone la extracción y procesado de toneladas de tierra, generando un daño irreversible a los ecosistemas y un elevadísimo impacto en el territorio”.
La moción manifiesta, también, la disconformidad de la Corporación insular con la manera de proceder de la Consejería de Industria, que vulnera las competencias de las instituciones locales al ocultar documentación relativa a proyectos que ponen en riesgo la planificación insular. Además, se pide a la Consejería que ponga en conocimiento del Cabildo y ayuntamientos toda la información relativa a las solicitudes de permisos para explotar tierras raras en cualquier zona de la isla.