Declarado Parque Natural en 1982, Isla de Lobos debería limitar su aforo a 400 visitantes diarios, repartidos en dos turnos de 200, según marca su Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Sin embargo, en temporada alta la presión turística desborda cualquier control: en los días más suaves se alcanzan alrededor de 1.200 personas, lo que supone triplicar la capacidad legal, pero en jornadas punta la cifra puede rozar los 3.000 visitantes, multiplicando por siete el máximo permitido.
“Todos los espacios naturales tienen su PRUG, pero no se cumple. Debería haber al menos cuatro agentes de medio ambiente, y la mayoría de las veces no hay nadie. Todo el mundo sabe cuándo van y cuándo se van. Aquello es un cachondeo”, denuncia Sofía Menéndez, presidenta de Agonane-Ecologistas en Acción y periodista ambiental.
Descontrol de embaraciones
El sistema de permisos en línea, conocido como LobosPass, queda en nada porque no hay control en el muelle ni en el islote. En Corralejo, explica Menéndez, “las casetas venden excursiones sin verificar permisos, y una vez en la isla nadie controla quién entra ni quién sale”.
La situación se agrava con la llegada de water taxis, veleros privados y catamaranes turísticos que desembarcan turistas sin control. “A las diez de la mañana aquello parece una discoteca: catamaranes con reguetón a todo volumen, motos de agua haciendo carreras detrás de la isla… He visto aves y plantas en zonas delicadas sometidas a un acoso brutal”, relata.
Pernoctaciones ilegales
La presidenta de Agonane advierte de un fenómeno paralelo: el alquiler clandestino de chozas como viviendas vacacionales en suelo público. “Algunos listos han convertido las casas en Airbnb. Es dominio público marítimo-terrestre y, sin embargo, se está alquilando como si fuera propiedad privada. Se ha convertido en un pueblo”.
A esto se suma la presencia de pescadores furtivos, mariscadores nocturnos y visitantes que pernoctan en la isla a pesar de que está prohibido. “La capacidad de carga real se multiplica con quienes se quedan allí sin ningún control”, apunta Menéndez.
Un control casi imposible
El documento técnico de revisión del PRUG, presentado al Patronato de Espacios Naturales de Fuerteventura, reconoce que en Lobos no existen límites físicos y que el control de visitantes resulta especialmente difícil debido a la variabilidad de accesos. El anexo, que recoge indicadores ambientales, sociales y económicos, advierte de la erosión causada por el pisoteo y la apertura de senderos no oficiales, de la pérdida de hábitats prioritarios en zonas de dunas y saladares y del impacto directo sobre especies vulnerables como la pardela cenicienta, el guirre o la lapa majorera.
El estudio subraya además que las infraestructuras actuales —desde el abastecimiento de agua y los sistemas de saneamiento hasta la gestión de residuos— son insuficientes para soportar el volumen real de visitas.
"Falta de control institucional”
Desde SOS Fuerteventura, su portavoz Luis del Pozo coincide en que la situación en Lobos se ha desbordado por la ausencia de vigilancia. “No es un problema exclusivo del islote, pero allí se ve con claridad: el plan insular establece desde hace más de dos décadas que no pueden coincidir más de 200 personas a la vez, y en verano se llega a cifras que lo triplican con total descontrol”, explica.
Del Pozo subraya que los medios existen pero no se emplean de manera coordinada: “Hay agentes de medio ambiente, Guardia Civil, Seprona, Policía Local, Policía Canaria o Policía Portuaria. Bastaría una campaña en agosto, cuando se produce la mayor avalancha, para controlar los taxis acuáticos y las embarcaciones privadas que operan sin supervisión. No hace falta presencia permanente, sino controles efectivos y visibles”.
A su juicio, la clave está en una falta de voluntad institucional más que en la ausencia de recursos. “Si en determinados días de agosto se desplegara un operativo coordinado, el efecto disuasorio sería inmediato: los operadores turísticos sabrían que en cualquier momento puede haber inspecciones, y la isla no sufriría el actual desmadre”, apunta.
¿Ecotasa o control real?
El Cabildo majorero ha planteado reforzar la vigilancia e implantar una ecotasa para frenar la entrada indiscriminada de turistas. Pero Menéndez lo considera un parche inútil si no se acompaña de vigilancia: “¿De qué sirve cobrar si luego nadie controla? Lo importante es que haya cuatro agentes de medio ambiente todo el día y que sean estrictos”.
Un futuro en riesgo
El diagnóstico de la ecologista es pesimista: “Si no se toman medidas, en diez años Isla de Lobos será un espacio arrasado. Ya hay especies desapareciendo por culpa de esta situación”.
Menéndez resume la solución en una frase: “Lo único que hace falta es cumplir la ley y aplicar el PRUG”. Pero, de momento, los intereses turísticos y la falta de control siguen empujando al islote hacia un colapso que, de no frenarse, amenaza con convertir este paraíso natural en un recuerdo erosionado por la masificación.