La actuación prevista este lunes en la casa de la Cueva de la Negra, en el sur de Fuerteventura, ha quedado paralizada de momento. La representación legal de la familia propietaria de la vivienda ha logrado frenar el desalojo y tapiado del inmueble al alegar que no se habían cumplido los cinco días hábiles de notificación previa establecidos por el juzgado.
Minutos antes de las 11.00 horas, efectivos de la Guardia Civil y del Ministerio para la Transición Ecológica se presentaron en la vivienda, propiedad de Pascuala Roger, con la intención de ejecutar la actuación comunicada por la Demarcación de Costas del Estado.
La intervención prevista consistía en la entrada en el inmueble y su inhabilitación para usos prohibidos por la Ley de Costas. Sin embargo, después de más de media hora de conversaciones, los representantes legales de la familia consiguieron que la actuación no siguiera adelante.
El motivo está en el cómputo de los días de preaviso. La defensa sostiene que este lunes todavía era el cuarto día hábil desde la notificación, ya que el viernes 18 de septiembre fue festivo en Fuerteventura con motivo de las fiestas de Nuestra Señora de La Peña. La familia mantiene que el auto judicial establece un mínimo de cinco días hábiles antes de poder entrar en la vivienda.
El plazo, clave
Según ha explicado la familia, la notificación fue enviada a la defensa de Pascuala Roger el viernes 11 de septiembre, cerca de las 18.00 horas, y se abrió en la sede electrónica el lunes 14.
De acuerdo con el cómputo defendido por los afectados, el martes 15 fue el primer día hábil; el miércoles 16, el segundo; el jueves 17, el tercero; el viernes fue inhábil por la festividad insular y este lunes 21 constituiría únicamente el cuarto.
El auto judicial en el que se ampara la actuación permitiría la entrada y recuperación posesoria en un plazo comprendido entre el 28 de julio y el 28 de septiembre, en horario diurno y avisando previamente con al menos cinco días hábiles, según la interpretación trasladada por la familia.
Los afectados habían comunicado esta circunstancia al Juzgado de lo Contencioso número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y solicitaron además una medida cautelarísima para tratar de detener la intervención.
El recurso de apelación planteado por la familia contra el auto judicial también ha sido admitido a trámite, según ha explicado la propia familia, y las partes disponen de un plazo para presentar alegaciones.
Una larga disputa
La actuación de este lunes supone un nuevo capítulo en el conflicto alrededor de la vivienda de Cueva de la Negra, en Punta de Jandía, sobre la que Costas había fijado una nueva intervención para este 21 de septiembre.
Ya existió un primer intento previsto para el 26 de agosto, que no llegó a materializarse después de que el Cabildo de Fuerteventura adoptara medidas cautelares para estudiar y documentar los posibles valores culturales, históricos y arqueológicos relacionados con el inmueble. El entorno se encuentra además próximo a un yacimiento arqueológico.
En los últimos días también intervino el Gobierno de Canarias. La Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario remitió el 18 de septiembre un escrito a la Administración del Estado solicitando que se aplazaran actuaciones irreversibles mientras se estudia en profundidad la situación jurídica y registral de la vivienda.
El Ejecutivo autonómico pidió analizar, entre otras cuestiones, los antecedentes dominicales y registrales del inmueble, los posibles derechos existentes antes de que los terrenos se incorporaran al dominio público marítimo-terrestre y la eventual aplicación de la Disposición Transitoria Primera de la Ley de Costas.
La finca 1107
Uno de los elementos incorporados al caso en las últimas semanas es la situación de la finca registral número 1107, situada en la Península de Jandía y dentro de cuyo ámbito se localiza la Cueva de la Negra.
La documentación difundida sobre el procedimiento señala que la finca figura registralmente a nombre de Punta Sol S.A. y que existe además una sentencia de 1980 que reconoció a la familia la propiedad por prescripción de la edificación primitiva. La cuestión que la familia pretende que se esclarezca ahora es qué derechos pudieron existir posteriormente sobre esos terrenos tras su incorporación al dominio público marítimo-terrestre.
La familia insiste en que esas circunstancias deben investigarse antes de adoptar cualquier decisión irreversible sobre la casa.
También el alcalde de Pájara, Alejandro Jorge, había solicitado a Costas que no se produjera ningún derribo mientras continuara pendiente la valoración patrimonial. El Ayuntamiento asegura que mantiene contacto con la familia desde agosto y que ha trasladado a Costas distinta documentación relacionada con el caso.
Por ahora, la intervención prevista para este lunes no se ha ejecutado. La paralización, sin embargo, responde al defecto advertido en los plazos de notificación y no supone por sí misma el cierre definitivo del procedimiento. La situación de la vivienda continúa así pendiente de las decisiones administrativas y judiciales que puedan producirse en los próximos días.
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