Algo se cuece en el Cabildo de Gran Canaria. El transporte interurbano de pasajeros, concesión pública que ahora explota Global y que expira el 31 de diciembre de 2027, aparece en el centro de la escena. Algunos movimientos de las últimas semanas permiten vislumbrar cuáles son las intenciones de quienes están al mando. Y en el horizonte se vislumbra la creación de una empresa pública.

El problema está en que quizás ya sea tarde. Ahora bien, para que nadie se pierda merece la pena aportar un poco de contexto: cuando llegue Fin de Año de 2027, el servicio entrará en una fase decisiva y podría dar un giro de 180 grados.

¿Qué pasará?

A partir de ese día, existe la posibilidad de que se abra un concurso público para que las empresas interesadas presenten sus ofertas —sin olvidar que la concesión se puede prorrogar un año más—. Aunque podría ser lo previsible, dentro de los despachos se estudia otra cosa.

La corporación insular ha contratado a una técnico de Guaguas Municipales para obtener fondos con un objetivo claro: que el Cabildo pueda comprar guaguas para que Global las explote. Ese movimiento aparece en una hoja de ruta como el primer paso para formar una empresa pública de transporte y no dejar la concesión en manos de ninguna compañía privada como hasta ahora.

"Vía de emergencia"

¿Cuál es el inconveniente? Los tiempos y la burocracia. Teodoro Sosa, consejero insular de Presidencia y Movilidad Sostenible, admitió el pasado marzo —en una comisión de pleno— que siguen sin plan para el futuro del transporte. “No ha habido ningún avance”, apuntó.

Antes, en mayo del año pasado, Miguel Ángel Pérez del Pino (PSOE) ya planteó como solución para que el servicio interinsular de guaguas mejore crear una empresa pública que esté dirigida por el Cabildo Insular para no depender de darle una concesión a empresas privadas como se ha hecho hasta el momento.

Mientras tanto, el tiempo corre sin que nadie tenga todavía la receta definitiva. “Al no disponer de ninguna alternativa, lo único que les queda es la vía de emergencia”, aseguran fuentes del sector del transporte con las que se ha puesto en contacto Atlántico Hoy.

Trabajo administrativo

No es para menos, porque tienen por delante un proceso largo. Tanto para formar una empresa pública como si se decantan por licitar el servicio, habrá que elaborar pliegos, informes y un sinfín de papeleo que puede implicar más de un año de trabajo administrativo. Por lo tanto, tendrían que haber empezado hace tiempo.

Volviendo a las fuentes consultadas, apuntan que el Cabildo “ha dejado morir” el tema, así como lo acusan de “dejación de funciones” y poca planificación. En conclusión, consideran que la institución no está preparada para cuando finalice la concesión que en la actualidad explota Global.

Aumento de viajeros

A nadie se le escapa que el servicio atraviesa un momento de tensión. Global tiene varias guaguas que superan los 14 años —aunque en ningún momento se pone en riesgo la seguridad de los viajeros— y se ven paradas llenas de personas porque no pasa su línea.

“Está en riesgo la calidad del servicio”, indican las fuentes. “El aumento de viajeros era evidente”, comentan también. Lamentan que haya habido “infrafinanciación” a la hora de destinar presupuesto para aumentar la flota de las diferentes operadoras: Global, Gumidafe (Alsa), La Pardilla, Telbus y Guzmán Sosa.

Guaguas propias

Volviendo a las intenciones del Cabildo para crear una empresa pública, este periódico publicó hace unos días que la Autoridad Única del Transporte de Gran Canaria (AUTGC) estudia pedir unos fondos con los que comprar nuevas guaguas que sean de su propiedad.

Es decir, los vehículos serán propiedad del Cabildo Insular y no de la empresa porque la administración que concede el dinero dicta que debe ser así. Se trata de unas futuras adquisiciones que, de fructificar la idea de la empresa pública, se incorporarían a su flota.

Mantenimiento

Más allá de eso, las fuentes consultadas por este diario aseveran que las guaguas actuales también son del Cabildo —y que es su obligación financiar su compra—.

Subrayan que la empresa concesionaria recibe compensación por costes salariales, mantenimiento y beneficio industrial, pero el material es de la corporación.

En definitiva, piden al Ejecutivo insular que actúe y defina un plan de cara al fin de la concesión. Tanto a los miembros de Primero Canarias —Teodoro Sosa es el responsable del transporte en la Isla—, como de Nueva Canarias y el PSOE. A los socialistas les reclaman que también ejerzan presión porque, de lo contrario, “no se sabe qué pintan en ese gobierno”.