Tras la denuncia de Fiscalía y la apertura de diligencias penales por prevaricación y desobediencia, el alcalde de Firgas, Alexis Henríquez, explica que votó a favor de la plantilla orgánica en el año 2023, pero asegura que lo hizo bajo un "desconocimiento" inducido por la gestión del anterior regidor, Jaime Hernández.
Herencia y empresa externa
Según Henríquez, en el anterior mandato, cuando él ocupaba la concejalía de Cultura, la gestión del personal y la contabilidad municipal no se realizaba de forma interna, sino que estaba delegada en una empresa externa. Esa estructura administrativa, añade, le impedía acceder a la información real sobre las sentencias que obligaban a equipar los sueldos del personal fijo con el indefinido.
"En 2023 no sabía que estaba incumpliendo esas sentencias. Nadie nos advirtió que la plantilla que votábamos contravenía el mandato del TSJC", señala el regidor.
El hallazgo de los correos
La defensa del alcalde se basa en lo descubierto al acceder al cargo en este mandato, tras romper el PSOE su alianza con Compromiso por Firgas (COMFIR) y pactar con Unidos por Gran Canaria (UxGC), Partido Popular (PP) y Coalición Canaria (CC).
Henríquez sostiene que tomó la decisión de rescindir el contrato con la empresa externa para recuperar el control de la administración. Fue en ese momento cuando su equipo localizó una serie de correos electrónicos enviados por una abogada que advertía explícitamente de la obligación de equiparar los sueldos para cumplir con la legalidad.
Según el alcalde, las primeras sentencias en contra del Ayuntamiento llegaron en el anterior mandato, pero se abonaron las indemnizaciones correspondientes sin corregir las tablas salariales.
Esto ha generado nuevas demandas que los afectados han ganado en la jurisdicción Social. De ahí que el TSJC, tras apreciar indicios de desobediencia, solicitase a la Fiscalía que investigase los hechos.
Seis perjudicados
El conflicto afecta directamente a al menos seis administrativos de la corporación, que han ido ganando sus juicios de forma sucesiva.
Henríquez detalla que la brecha salarial que se venía arrastrando oscilaba entre los 500 y los 600 euros mensuales por trabajador, con indemnizaciones de hasta 25.000 euros.
El alcalde enfatiza que, bajo su mando, se ha subsanado y corregido el error para detener la sangría de indemnizaciones y cumplir con el principio de igualdad.
Horizonte judicial
El regidor afirma que el Ayuntamiento ha remitido al juzgado la documentación solicitada y que está "tranquilo", dispuesto a colaborar con el juez si es llamado a declarar como investigado.
Su estrategia se centrará en demostrar que su voto en 2023 fue de buena fe y basado en una información sesgada de la anterior Alcaldía, trasladando la responsabilidad de la prevaricación a quienes, teniendo los informes y correos de la abogada, no los pusieron a disposición de los órganos colegiados.