La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Las Palmas ha decretado el archivo de las diligencias de investigación abiertas por la denuncia de la Policía Canaria contra la empresa encargada del desguace y la trituración de los cayucos en Gran Canaria.
Las barquillas, que estaban amontonadas en terrenos anexos al puerto de Arinaga, exigen determinados protocolos para manipular residuos como la fibra de vidrio.
Tras analizar los peritajes e informes técnicos solicitados, el Ministerio Público concluye que no existen indicios de delito medioambiental, al no haberse constatado daños ni afección material sobre el espacio protegido de Las Salinas de Arinaga, cuya parcela linda con el suelo en el que se estaban troceando los cayucos.
Origen de las diligencias
El objetivo de la investigación era determinar si la gestión de las embarcaciones rescatadas en las costas canarias estaba vulnerando la normativa ambiental vigente, sobre todo al hacerse al lado de un suelo protegido, como es el de Las Salinas.
Las diligencias preprocesales se abrieron a raíz de un atestado elaborado por el Cuerpo General de la Policía Canaria. La investigación policial apuntaba a irregularidades cometidas por la adjudicataria estatal del servicio de destrucción de embarcaciones de la migración irregular, tras constatar anomalías en la gestión de los residuos.
La acumulación de centenares de barquillas en suelo portuario generó un problema de orden público al no existir protocolos de actuación aprobados, obligando al Estado a realizar adjudicaciones de urgencia y fijar criterios de actuación, con partidas económicas habilitadas de forma expresa para subcontratar este nuevo servicio.
Antecedentes y advertencias
Sin ir más lejos, Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados, abanderó el año pasado quejas contra el desguace y la trituración de cayucos en zonas habitadas o protegidas debido a los graves riesgos medioambientales y sanitarios que conllevan estas tareas.
La denuncia de Valido, tras entrevistarse con los vecinos de La Restinga, iba dirigida contra las embarcaciones interceptadas o rescatadas en El Hierro, pero el problema con los residuos es el mismo que el surgido en Arinaga años antes, cuando hubo que trasladar hasta ese puerto las pateras y los cayucos que llegaban a los municipios de San Bartolomé de Tirajana y de Mogán, con el muelle de Arguineguín como protagonista secundario del drama migratorio.
Al margen de la responsabilidad administrativa por el abandono de las embarcaciones en los solares del puerto, la Policía Canaria consideró que podría existir daño a Las Salinas de Arinaga.
Conclusiones del Seprona
Se trata de un suelo protegido y de interés cultural que está en el entorno del puerto. De ahí la preocupación por el manejo de residuos peligrosos, como la acumulación de fibras de vidrio, restos de motores, plásticos y carburantes derivados del proceso de desguace y posterior triturado.
Las indagaciones del Seprona de la Guardia Civil concluyen que no existe riesgo de desprendimiento o filtración de partículas volátiles y vertidos líquidos hacia el espacio costero contiguo protegido, y mucho menos una contaminación o daño susceptible de delito medioambiental, explican las fuentes consultadas
La acumulación de cayucos en las dársenas del archipiélago se ha consolidado en los últimos años como uno de los problemas a resolver por parte de las administraciones implicadas.
Protocolos
Las embarcaciones usadas en la llamada ruta atlántica, habitualmente de madera o fibra de vidrio y a menudo contaminadas con aceites y combustibles, deben ser custodiadas en las instalaciones portuarias hasta que los órganos judiciales autorizan su destrucción final.
Este proceso requiere un tratamiento complejo de descontaminación previo a la trituración mecánica de la estructura para su traslado al vertedero o centro de reciclaje, como la retirada de motores, líquidos y baterías. Más complicado de controlar es el polvo que suelta la fibra de vidrio al cortar los cascos hechos con este material.
La capacidad limitada de los puertos isleños frente al volumen constante de llegadas ha generado cuellos de botella en la custodia y procesamiento de las embarcaciones, lo que obligó a habilitar áreas de acopio y tratamiento en recintos como el Puerto de Arinaga, que depende de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (APLP).
Cierre de la vía penal
Para que una conducta pueda ser tipificada como delito medioambiental bajo el Código Penal, se exige la prueba de un daño efectivo sobre el entorno natural o la existencia de un riesgo grave e inminente de contaminación sobre los ecosistemas o la salud de las personas.
Las pruebas periciales concluyeron que no se constató afectación material en la calidad del suelo, las aguas ni el patrimonio natural protegido de Las Salinas.
Al descartarse el daño efectivo sobre la zona, la Fiscalía ha procedido al archivo de la vía penal, quedando acotado cualquier posible incumplimiento operativo a los cauces de la disciplina administrativa o sectorial competente.
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