El Cabildo de Gran Canaria ha puesto definitivamente punto final a uno de los contratos de patrocinio que más controversia política y mediática generaron durante el actual mandato. Casi tres años después de adjudicar 160.500 euros a la empresa responsable de la gira del 50 aniversario de Isabel Pantoja para promocionar la isla, la Corporación ha resuelto, liquidado y cerrado el expediente. El resultado económico dista considerablemente de aquella cifra inicial: de las arcas insulares salieron finalmente 53.500 euros.
La resolución, firmada el pasado 6 de agosto por el consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, declara extinguidas las obligaciones pendientes con EC Entertainment Group SL y establece como causa la “imposibilidad sobrevenida” provocada por la enfermedad de Isabel Pantoja, que impidió ejecutar parte de los conciertos incluidos en el acuerdo.
Primera de tres facturas
La consecuencia fundamental es económica. El Cabildo no tendrá que afrontar los otros 107.000 euros que completaban el patrocinio inicialmente comprometido. La institución abonó únicamente la primera de las tres facturas de 53.500 euros en las que se había dividido el contrato y ahora considera justificado ese desembolso por las prestaciones que sí llegaron a realizarse.
El cierre administrativo confirma así el desenlace de una operación que Atlántico Hoy sacó a la luz en enero de 2024, cuando publicó que el Cabildo había contratado por 160.500 euros la promoción de Gran Canaria durante la gira con la que Pantoja celebraba cinco décadas sobre los escenarios. El contrato acabó posteriormente convertido en asunto de debate político, con el PP reclamando documentación y explicaciones sobre su tramitación.
150.000 euros más IGIC
El origen del expediente se remonta al 22 de octubre de 2023. Mediante una resolución de Presidencia, el Cabildo adjudicó a EC Entertainment Group, empresa que disponía de los derechos para organizar la gira, un contrato privado de patrocinio por 150.000 euros más 10.500 euros de IGIC. El documento se formalizó el 10 de noviembre de aquel año.
La finalidad consistía en utilizar la gira nacional de una de las artistas españolas con mayor notoriedad pública como escaparate de Gran Canaria. El patrocinio contemplaba la presencia de la marca de la isla en las actuaciones y diferentes acciones promocionales. La información publicada entonces señalaba que el acuerdo pretendía proyectar Gran Canaria en las ciudades por las que pasara la cantante.
Contraprestaciones
Entre las contraprestaciones recogidas figuraban acciones en redes sociales —con un alcance mínimo previsto de un millón de personas para determinado contenido— y distintas fórmulas de visibilidad de la isla. Otros detalles del acuerdo incluían espacios promocionales en los conciertos y entradas VIP a disposición del Cabildo.
El contrato provocó polémica desde que trascendió. No solo por los 160.500 euros comprometidos, sino también por su tramitación. El PP cuestionó que el expediente hubiera sido gestionado por el Servicio de Presidencia y no por Turismo de Gran Canaria, organismo especializado precisamente en la promoción exterior del destino. También puso el foco sobre las fechas: el contrato se formalizó el 10 de noviembre de 2023, cuando ya se habían celebrado actuaciones de la gira, entre ellas las de Gran Canaria y Sevilla.
El Gobierno insular defendió entonces la operación. Sosa sostuvo que se trataba de una actuación encuadrada dentro de las acciones habituales de promoción de Gran Canaria y justificó el importe por el retorno publicitario previsto.
Un tercio del dinero
El recorrido posterior del contrato terminó alterando sustancialmente aquella previsión inicial. La gira no se desarrolló en los términos previstos y el patrocinio quedó ejecutado solo parcialmente. La propia resolución de agosto de 2026 reconoce expresamente que EC Entertainment presentó documentación para acreditar únicamente “parte de las obligaciones derivadas del contrato”.
La clave se encuentra en los pagos. El Cabildo desembolsó 53.500 euros, exactamente un tercio del importe total. Los otros dos pagos, también de 53.500 euros cada uno, nunca llegaron a materializarse.
Ya en febrero de 2025, Sosa explicó en una comisión del Cabildo que la promotora no había presentado las dos facturas restantes y que, por tanto, la institución no pagaría los 107.000 euros pendientes. El contrato había previsto promocionar Gran Canaria a lo largo de la gira, pero su desarrollo efectivo quedó muy por debajo de las expectativas iniciales.
Imposibilidad sobrevenida
La resolución que ahora cierra el expediente confirma administrativamente aquel escenario. Un informe del Servicio de Presidencia fechado el 22 de enero de 2026 propuso resolver el contrato y darlo por liquidado porque el contratista no había presentado facturas adicionales. El mismo documento señala que el responsable del contrato tampoco instó la imposición de penalidades.
El expediente necesitó, sin embargo, resolver una cuestión jurídica fundamental: determinar exactamente por qué debía extinguirse el contrato.
La Asesoría Jurídica del Cabildo emitió un informe el 12 de marzo de 2026 y concluyó que la resolución era ajustada a derecho, pero fijó como causa la “imposibilidad sobrevenida por la enfermedad de la artista”. También recomendó conceder audiencia a la empresa para reforzar la seguridad jurídica del procedimiento y evitar posibles controversias posteriores.
Enfermedad de Pantoja
Ese trámite se abrió el 24 de marzo. EC Entertainment accedió a la notificación el 3 de abril y dispuso de diez días para mostrar su conformidad o disconformidad y presentar alegaciones sobre la liquidación. No lo hizo. El expediente no recoge ninguna alegación ni documento de oposición de la empresa una vez agotado el plazo.
La diferencia jurídica no es menor. La Asesoría considera que no existió propiamente una voluntad de ambas partes de abandonar el contrato. Lo que impidió completar las actuaciones fue, según su interpretación, una circunstancia ajena a ellas: la enfermedad de Pantoja.
Cancelaciones
Durante 2024, la cantante tuvo que cancelar diferentes actuaciones por problemas de salud. Entre ellas estuvieron conciertos previstos en Valladolid, Tenerife, Córdoba, Sotogrande y Nerja, y en julio de aquel año fue ingresada en el Hospital Reina Sofía de Córdoba.
El contrato contemplaba precisamente la extinción de las obligaciones cuando circunstancias imprevisibles o inevitables impidieran definitivamente desarrollar el evento. La Asesoría Jurídica concluyó que ese supuesto era el que mejor encajaba con lo ocurrido. Como alternativa, admite que podría haberse planteado un incumplimiento contractual, aunque sin indemnización por daños y perjuicios debido al carácter objetivo de la causa que impidió realizar los conciertos.
Pago correcto
El otro asunto que debía resolver el Cabildo era qué hacer con el dinero ya desembolsado. La conclusión de sus servicios jurídicos es favorable a mantener el primer pago.
El expediente sostiene que esos 53.500 euros corresponden a prestaciones que sí fueron realizadas y acreditadas por la promotora. Más aún, el informe asegura que el retorno publicitario obtenido por esa parte del contrato fue superior al previsto inicialmente. Por ello considera la cantidad “debidamente justificada y ajustada a derecho”.
Sin perjuicio económico
La resolución definitiva reproduce esa conclusión: no aprecia perjuicio económico para la Administración ni la existencia de un pago indebido. El contrato queda liquidado exclusivamente conforme a las prestaciones ejecutadas, recibidas y abonadas, sin indemnizaciones adicionales para ninguna de las partes.
Eso significa que el coste definitivo para el Cabildo de Gran Canaria de aquel patrocinio anunciado inicialmente por 160.500 euros queda limitado a 53.500. Los 107.000 euros restantes —dos tercios de la cuantía contratada— no fueron pagados porque las prestaciones correspondientes no llegaron a ejecutarse ni la promotora presentó las facturas.
Tres años de expediente
El cierre llega después de un recorrido administrativo de casi tres años. La adjudicación se produjo en octubre de 2023; la formalización, en noviembre de ese mismo año; la controversia pública estalló a comienzos de 2024; en 2025 el Cabildo confirmó que únicamente había pagado el primer tercio; y durante 2026 se sucedieron el informe de Presidencia, el pronunciamiento de la Asesoría Jurídica y el trámite de audiencia.
Finalmente, la resolución fechada el 6 de agosto declara resuelto el contrato con EC Entertainment Group por imposibilidad sobrevenida, liquida las relaciones económicas entre las partes y ordena expresamente “declarar finalizado el expediente administrativo” y proceder a su cierre.
El patrocinio de los 160.500 euros acaba así convertido, a efectos reales, en uno de 53.500. La controversia política que comenzó cuando se conoció el contrato concluye administrativamente sin nuevas facturas para el Cabildo y con más de 100.000 euros de la cantidad inicialmente comprometida que nunca llegaron a salir de las arcas insulares.
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