El Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este lunes una inversión plurianual de 49,6 millones de euros para impulsar la construcción de 362 viviendas de protección pública en la isla, destinadas al alquiler asequible para familias con menos recursos.
La medida, liderada por la Consejería de Obras Públicas e Infraestructuras, que dirige Augusto Hidalgo, permitirá iniciar los trámites para subvencionar proyectos promovidos por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y el Ayuntamiento capitalino.
Subvenciones a dos instituciones
Tras recibir luz verde en el pleno, el Consorcio de Viviendas del Cabildo prepara convenios con ambas instituciones para ejecutar las aportaciones económicas necesarias.
“Se trata de un ejercicio de responsabilidad institucional para seguir construyendo vivienda pública”, afirmó el vicepresidente y consejero insular.
Gran apuesta en la capital
La inversión más destacada será la destinada a Las Palmas de Gran Canaria: 39,6 millones de euros para levantar 240 viviendas en la calle Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, en el barrio de Las Torres, junto al centro comercial Las Ramblas.
Este proyecto tendrá un horizonte de entre cuatro y cinco años, ya que primero se debe redactar el proyecto técnico antes de iniciar las obras.
Viviendas también en el norte y sur
El resto del presupuesto, 10 millones de euros, financiará la construcción de otras 122 viviendas en los municipios de Gáldar, Santa María de Guía y Santa Lucía de Tirajana, también mediante convenio con el ICAVI.
En este caso, los proyectos ya están redactados, por lo que se prevé que la licitación y ejecución de las obras sea más ágil que en el caso de la capital.
Cofinanciación europea y regional
Estas actuaciones forman parte del Programa 6 de ayudas a la construcción de vivienda social en edificios eficientes, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea (Next Generation EU).
Las viviendas que se levantarán en esta fase son: 52 en Gáldar, 45 en Guía y 25 en Santa Lucía, con cofinanciación entre el Cabildo y el Gobierno de Canarias.