Global, la empresa de transporte interurbano de Gran Canaria, dejará de existir tal y como la conocemos. Eso, al menos, es lo previsible porque el Cabildo Insular trabaja desde hace meses para crear una compañía pública a las puertas de que caduque la concesión. Eso sí, lanza un mensaje de tranquilidad a los trabajadores: “Serían subrogados”.
“La idea es que, cuando armemos el expediente, cuente con todas las garantías jurídicas suficientes”, subraya Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, en declaraciones concedidas a Atlántico Hoy. Asegura que llevan varios meses trazando el plan, un tiempo donde han podido estudiar distintos informes para valorar todas las posibilidades.
Antecedentes
No es la primera vez que el dirigente insular se pronuncia en esa dirección. El pasado mes de mayo aseguró a este periódico que estaban analizando las diferentes posibilidades. “Sobre todo porque Europa vigila para evitar monopolios o defender la libre competencia”, dijo Morales cuando todavía no estaba claro si el Cabildo apostaría por una empresa pública.
El tema ha llegado incluso a comisión de pleno. El 20 de marzo, Teodoro Sosa, consejero insular de Presidencia respondió a una pregunta del Grupo Popular sobre la estrategia ante el vencimiento de la concesión y sus palabras fueron claras: “No ha habido ningún avance”. El tiempo pasó y parece que ya hay un proyecto del que falta conocer detalles concretos.
Plazos abiertos
Ahora bien, aún queda un año y dos meses por delante —sin olvidar que existe posibilidad de prorrogar el servicio de Global hasta el 31 de diciembre de 2028—. Morales defiende que tienen un intervalo suficiente y recalca que “el vencimiento de la concesión no supone una fecha cerrada sin margen”. “La ley establece mecanismos si no se cumpliera el plazo”, añade.
La noticia de que el Cabildo quiere crear una empresa pública de transporte llega tan solo unos días después de que una nueva plataforma ciudadana haya exigido públicamente que Global pertenezca a la administración insular ante el riesgo de que entren multinacionales como Alsa porque —dicen— algunas rutas menos urbanas podrían llegar a reducirse.
Empleo garantizado
En cualquier caso, Morales señala que “los trabajadores no tendrían problemas”. “Tanto si se trata de una empresa pública como si se mantiene una concesión privada, todos los trabajadores serían subrogados y conservarían el último convenio provincial, que garantiza una remuneración y unas condiciones de trabajo dignas”, pone el presidente sobre la mesa.
“Quiero decir que los empleados no deben estar preocupados: ninguno perderá su puesto de trabajo”, prosigue. En el caso de las guaguas, recalca que la flota se mantendrá porque “son del Cabildo” y están financiadas directamente por la Corporación Insular.
Coste del servicio
“El coste total de prestar el servicio de transporte público de viajeros en la isla ronda los 100 millones de euros anuales. De esa cantidad, el Cabildo de Gran Canaria ha aportado históricamente 40 millones de euros, además de los fondos que pone el Estado, entre ellos los destinados a la gratuidad, para sostener el servicio”, asevera.
Morales explica que el Cabildo grancanario está avanzando en la creación de una empresa pública, pero aclara que comprar Global —que es privada— resulta imposible. “Eso es demencial”, exclama. “Sería como si compráramos El Corte Inglés porque necesitamos ropa para Cáritas”, insiste. El presidente descarta así la adquisición de la compañía.
Críticas a la plataforma
“Lo que no se puede hacer es convertir una empresa privada en pública”, insiste. “Por lo tanto, no termino de entender cuál es el objetivo de la plataforma, si el propósito es crear una empresa pública, el Cabildo de Gran Canaria ya está trabajando en ello”, remarca. “Si el objetivo es que compremos Global, eso es absolutamente imposible”, apostilla.
“Entre los portavoces de esa plataforma hay un exdirectivo de Global y una persona que forma parte del comité de empresa. Qué pena que no plantearan esto cuando Global, una empresa privada, tenía la concesión del transporte público en Gran Canaria. Podríamos haberlo hecho hace diez años, cuando se habría podido renunciar al concurso”, reflexiona.
Reproche temporal
“¿Lo hacen ahora que se acaba la concesión? Me parece bien si hay un interés superior, pero podrían haberlo hecho mucho antes”, continúa Morales.
El presidente del Cabildo sostiene que han decidido apostar por una empresa pública porque entienden que “los servicios públicos garantizan la universalidad y la protección de un servicio absolutamente necesario para la movilidad y para el desarrollo social y económico de la Isla”.
Gestión directa
“Por eso, cuando entendimos que vencía la concesión, que sigue siendo de control público, pero de gestión privada, nos planteamos que el modelo podría ser la gestión pública y la prestación directa del servicio. Éramos conscientes de que existían enormes dificultades y estamos recabando los informes necesarios”, sentencia.
El motivo es que, aunque crear una empresa pública es una excepción que prevé la ley y que, en territorios insulares tienen una mayor justificación, la creación de una empresa pública tiene que estar perfectamente argumentada con informes técnicos, jurídicos y económicos.
En cuanto a los plazos, el Cabildo no tiene una fecha prevista sobre cuándo estarán finalizados los documentos. “Está claro que todo se desarrollará dentro de los márgenes que establecen los procedimientos administrativos para poder cumplir los objetivos, tenemos lo que queda de 2026 y todo el año 2027 para hacerlo”, concluye.
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