El pleno del Cabildo de Gran Canaria ha aprobado este viernes la adquisición de una acción de la sociedad estatal INECO por un valor nominal de 125,01 euros y un coste de adquisición de 1.246,13 euros, con el objetivo declarado de agilizar proyectos estratégicos como el tren de Gran Canaria.
Según ha informado la corporación insular en un comunicado, la operación se enmarca en una ampliación de capital que permitirá encargar directamente a INECO, en calidad de medio propio, la redacción y la gestión de proyectos estratégicos para la isla.
Qué trabajos asumirá la empresa pública
El Cabildo prevé apoyarse en la experiencia técnica de la compañía en infraestructuras ferroviarias para el desarrollo del proyecto del tren. Entre las actuaciones contempladas figuran:
- La gestión de expropiaciones.
- La redacción de pliegos y documentación para la licitación de las distintas fases.
- La dirección y supervisión de proyectos (PMO).
- El apoyo técnico durante la ejecución de las obras.
La institución insular sostiene que esta fórmula contribuirá a "garantizar la continuidad técnica de los trabajos, apoyándose en el conocimiento especializado de INECO, y a acelerar el desarrollo de infraestructuras clave para la isla", según recoge el comunicado.
Teodoro Sosa y Pablo Rodríguez, representantes insulares
El acuerdo designa al consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible, Teodoro Sosa, como representante del Cabildo en la Junta General de Accionistas de INECO.
Como representante de la corporación en el Consejo de Administración de la empresa se ha designado a Pablo Rodríguez, consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, ha destacado que la decisión "refuerza nuestra capacidad para impulsar proyectos estratégicos con mayor eficacia, apoyándonos en recursos públicos especializados y en una colaboración más estrecha entre administraciones".
Hasta ahora, INECO estaba participada exclusivamente por entidades de la Administración General del Estado, entre ellas ENAIRE, ADIF y Renfe. La entrada del Cabildo supone, según la corporación, la apertura del accionariado a los cabildos insulares, en una medida que busca "fortalecer la cooperación institucional y ampliar su ámbito de actuación a nuevas administraciones públicas".
La misma fórmula que el Gobierno canario estrenó en febrero
El movimiento del Cabildo replica el aprobado por el Consejo de Gobierno de Canarias el pasado 2 de febrero, cuando el Ejecutivo autonómico autorizó la compra de una acción de INECO por 1.450,27 euros con el mismo fin: convertir a la sociedad en su brazo ejecutor para la planificación de los trenes de Gran Canaria y Tenerife.
Aquella decisión situó igualmente a Pablo Rodríguez en la Junta General y en el Consejo de Administración de la empresa.
El rechazo de las patronales de la ingeniería
La operación autonómica provocó un pronunciamiento conjunto de TECNIBERIA y CÍES, las principales patronales de la ingeniería en España, que rechazaron frontalmente la maniobra.
Las organizaciones empresariales denunciaron que la fórmula del medio propio permite a la administración adjudicar contratos sin concurrencia, esquivando los procesos de licitación abierta. A su juicio, la presencia de las administraciones en el consejo de administración de INECO socava la actividad del sector privado y distorsiona la libre competencia.
Las patronales recordaron que la legislación española restringe el recurso a los medios propios a supuestos muy concretos —razones de seguridad nacional, urgencia o ausencia de proveedores privados capaces— y sostuvieron que los proyectos ferroviarios de Gran Canaria y Tenerife no justifican esa excepcionalidad, al existir ingenierías privadas cualificadas para asumir la carga de trabajo.
El sector criticó además el "uso abusivo" de la adjudicación directa y advirtió de que drenar inversión pública hacia una sociedad mercantil estatal dificulta la rentabilidad de las consultoras privadas. También expresó su temor a que el caso canario siente un precedente para otras comunidades autónomas.
Junto a su rechazo, TECNIBERIA y CÍES trasladaron al Gobierno de Canarias una oferta formal para que sean sus empresas asociadas quienes desarrollen el plan ferroviario previsto en las islas.
Las patronales defienden que la licitación abierta y transparente es la vía más eficiente para garantizar el interés general y la calidad técnica de las infraestructuras.
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