La cárcel de Juan Grande generó a lo largo del año pasado un gasto sanitario que supera el millón de euros. La cifra, que puede sonar impactante, se da en una prisión que dispone de un médico para casi 1.000 internos y el facultativo solo atiende por videollamada desde casa.

Se trata de una realidad que trae de cabeza a quienes trabajan garantizando la seguridad entre rejas porque produce momentos de tensión que derivan en amenazas e incluso agresiones. Además, es el único centro penitenciario de Canarias con presos extremadamente peligrosos.

Gasto sanitario

La falta de personal médico —aunque sí hay un equipo de enfermería— y el impacto que tiene se entiende mejor con datos: en 2025, Las Palmas II necesitó 1.033.358,03 euros para gastos relacionados con la salud de los internos. Tanto en medicamentos como en traslados.

Así queda reflejado en la respuesta del Ministerio del Interior a una solicitud de Transparencia que ha podido consultar Atlántico Hoy. El documento, firmado por Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, desgrana todos los números.

Medicación

Detalla que los productos farmacéuticos y el material sanitario —es decir, la medicación— supusieron una inversión de 557.371,11 euros en los doce meses del año. Son unos productos que, a día de hoy, el único médico de la prisión tiene que recetar de manera telemática.

El contexto en 2025 era algo distinto. Había tres facultativos, pero dos de ellos se jubilaron en diciembre y el tercero estaba de baja. Es el que ahora, tras quedarse la cárcel sin médicos, pidió el alta voluntaria, pero solicitó los medios necesarios para poder trabajar desde su casa.

Coste asistencial

Merece la pena resaltar que el medio millón de euros en medicinas es un gasto que asume directamente el Gobierno de España, pero no ocurre lo mismo con los 475.986,92 euros que están bajo el concepto "otros conciertos de asistencia sanitaria". Ahí la cosa cambia un poco.

En ese caso, la comunidad autónoma adelanta el dinero a través del Servicio Canario de la Salud (SCS) y después, a través de facturas, el Ministerio del Interior le devuelve lo gastado.

Competencias

Para comprenderlo hay que viajar hasta el 2003, cuando el Estado aprobó una ley orgánica que establecía que la sanidad penitenciaria debía ser asumida por las comunidades y fijaba un plazo de unos 18 meses para desarrollar esa norma y realizar el traspaso de competencias.

Es un desarrollo que nunca llegó. Jacobo López, delegado sindical de Tu Abandono Me Puede Matar en la provincia de Las Palmas, ha explicado a este periódico que el motivo es porque el gasto sanitario dentro de un centro penitenciario es de los mayores que existe.

Traslados al hospital

Nunca se consiguió acercar posiciones entre las comunidades y el Ejecutivo central. "Como ese acuerdo nunca se ha producido, lo que está haciendo el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es dejar morir la sanidad penitenciaria", ha señalado López.

Esos traslados al hospital se producen cuando, por la falta de médicos —según la relación de puestos de trabajo debería haber siete—, hay que llamar a una ambulancia y a una patrulla de la Policía Nacional para desplazar al preso que lo necesite.

Mientras tanto, la realidad en Juan Grande sigue siendo la misma: una prisión con cerca de un millar de internos, un único médico que atiende a distancia y un sistema que obliga a multiplicar los traslados hospitalarios.