El centro penitenciario Las Palmas II —más conocido como la cárcel de Juan Grande— tiene un problema: cuenta con un médico para casi 1.000 presos y el facultativo solo atiende por videollamada. Se trata de una realidad que genera conflicto, amenazas y agresiones en la única prisión de Canarias que alberga internos calificados como extremadamente peligrosos.
La situación no es nueva. Las instalaciones arrastran la falta de personal sanitario desde hace tiempo. A finales de 2025, solo había tres médicos a pesar de que la relación de puestos de trabajo (RPT) recoge que debe tener al menos siete. Cuando acabó el año, dos de ellos se jubilaron y un tercero estaba de baja laboral. La realidad se complicaba cada vez más.
¿Qué dice la RPT?
En el primer trimestre de 2026, cuando la cárcel de Juan Grande no tenía ni un solo médico, el doctor que atravesaba un problema de salud pidió el alta voluntaria. Eso sí, pidió que se le facilitaran los medios necesarios para trabajar desde casa porque no podía desplazarse al centro penitenciario. Desde entonces, el único facultativo de la cárcel atiende vía online.
Jacobo López, delegado sindical de Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), destaca que la decisión del médico responde a su “profesionalidad y empatía” tanto con los internos como con los trabajadores. Ahora bien, reclama que se cumpla con la RPT cuanto antes y puedan contar con siete facultativos que estén de forma presencial en la cárcel del sur grancanario.
Solo para problemas leves
El representante de los funcionarios de prisiones detalla que la solución autorizada por el Estado sirve para renovar tratamientos o prescribir medicación cuando los enfermeros detectan determinados problemas. Es decir, si un interno presenta una inflamación de oído, un dolor de garganta —por ejemplo— se le puede pautar la medicación que necesite.
“El problema realmente grave aparece cuando un interno sufre una agresión, un apuñalamiento, una paliza o un infarto. No hay nadie en el centro penitenciario que pueda prestar una atención médica inicial que puede ser vital, los enfermeros y auxiliares están atados de pies y manos a la hora de realizar determinadas actuaciones”, prosigue López.
Traslado a la enfermería
La única opción en caso de una urgencia —subraya— es trasladar al interno a la enfermería, controlar sus constantes vitales y avisar al jefe de servicios para solicitar una ambulancia y una patrulla de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Una vez lleguen ambos dispositivos, se traslada al preso al Hospital Insular o al Doctor Negrín.
El delegado de TAMPM en la provincia de Las Palmas sostiene que las condiciones laborales de los médicos penitenciarios no son buenas. “Tienen peores salarios, peores condiciones, peores descansos y peor remuneración por las guardias”, dice. Por lo tanto, los facultativos prefieren irse a la sanidad ordinaria y las plazas ofertadas no se llegan a cubrir.
¿Qué pasó en 2003?
Para entender el inconveniente hay que remontarse al 2003. Por aquel entonces, el Gobierno central aprobó una ley orgánica que establecía que la sanidad penitenciaria debía ser asumida por las comunidades autónomas y fijaba un plazo de unos 18 meses para desarrollar esa norma y realizar el traspaso de competencias.
Pero ese desarrollo, apunta López, nunca llegó. Entre otras cosas, señala el delegado sindical, porque el gasto sanitario dentro de un centro penitenciario es uno de los mayores gastos que existe: ya sea de medicación, asistencia o pruebas diagnósticas. Aunque las comunidades autónomas, señala, requieren antes los recursos económicos y materiales necesarios.
Internos extremadamente peligrosos
“Como ese acuerdo nunca se ha producido, lo que está haciendo el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias es dejar morir la sanidad penitenciaria”, indica. A día de hoy, toda la asistencia prestada se factura al centro penitenciario y el Ministerio del Interior paga esa factura al Servicio Canario de la Salud (SCS).
Relata que, además, Las Palmas II es el único centro penitenciario de Canarias que puede albergar internos clasificados en primer grado, es decir, extremadamente peligrosos o manifiestamente inadaptados.
Trabajo diario
“Cuando se produce una agresión, nuestra función consiste en trasladar al interno lo antes posible a la enfermería, pero una vez allí, tanto los enfermeros como los funcionarios estamos atados de pies y manos porque no estamos capacitados para realizar determinadas actuaciones”, prosigue.
López indica que el problema no afecta solo a las situaciones graves, sino que el trabajo diario del funcionario también se complica de manera considerable.
"Amenazas y agresiones"
“Los internos muchas veces llevan días soportando dolor y llega un momento en que estallan. Eso genera situaciones de tensión, problemas regimentales, amenazas, agresiones y, en ocasiones, tenemos que reducir a internos porque la violencia aumenta ante la falta de una respuesta”, cuenta.
“Todo eso provoca un deterioro enorme de la convivencia dentro del centro penitenciario. Ojalá dispusiéramos de los siete médicos que debería tener el centro, pero ahora mismo no es posible”, sentencia.