La convivencia entre la conocida como comunidad de La Esperanza — la mayor comunidad ocupa de España —, ubicada en Santa María de Guía (Gran Canaria), y los vecinos y vecinas de alrededor se ha ido desgastando con el tiempo debido al aumento de la inseguridad que sienten los residentes de la zona.
Según los vecinos de alrededor, la situación en La Esperanza “se ve que cada vez va a peor” y denuncian que se producen, lo que parecen, movimientos de venta de drogas y prostitución en el edificio y por la zona, por lo que consideran que “el ayuntamiento debería hacer algo”.
Discusión
El último episodio vivido en esa zona del municipio grancanario de Guía estuvo marcado por la entrada de una persona — que se ha identificado como ocupa de La Esperanza —, armada con un machete al Supermercado Felipe, cercano a la comunidad, tras una discusión con el dueño del comercio. La Policía Local tuvo que intervenir, pero no hubo ningún herido ni se intentó sustraer nada del local.
Los vecinos cuentan que otro negocio de la zona, dedicado también a la venta de alimentación y productos del hogar, tuvo que cerrar debido a los supuestos robos continuos por parte de personas que viven en La Esperanza.
Sin ampliación de servicios
Según exponen, “los gritos y el escándalo es algo diario”, que se magnifica durante los fines de semana. No obstante, los residentes de la zona señalan que esto no siempre fue así y que al principio todo iba bien, pero con los años la situación ha ido empeorando.
Además, apuntan que, a pesar de que el antiguo alcalde del municipio, Pedro Rodríguez, facilitó el empadronamiento de las personas que residen en La Esperanza, desde el Ayuntamiento no se ampliaron los servicios, lo que para ellos también supone un error de integración para las familias de la comunidad.
Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria
La comunidad de La Esperanza comenzó hace ya más de 10 años, en 2013, como un proyecto de ocupación de viviendas de una promotora que se fue a pique, intentando que terminaran convirtiéndose en alquileres sociales. La idea surgió de la Federación Anarquista y el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria (SIGC) con el objetivo de ayudar a familias en situación vulnerable a acceder a una casa.
Sin embargo, esta historia de acompañamiento entre la comunidad y el Sindicato se ha fracturado con los años. Según exponen desde la agrupación, en los últimos años — desde 2019 — no han tenido vinculación.
Pacto asociativo
Esta desligadura de lazos se debe, además de por la pérdida de fuerza del propio SIGC, a la falta de la renovación del “pacto asociativo”, un acuerdo que el Sindicato establece con las comunidades como condición para seguirles ofreciendo su ayuda y asesoría, en especial en caso de desalojo.
En él se recogen puntos como que no se permite que ninguna persona o comunidad venda o alquile casas expropiadas o socializadas, así como que se lucre de alguna forma con su intercambio o la venta de materiales y mobiliario de las mismas; además de que se entregue las viviendas socializadas a alguien que no las necesite, saltándose el protocolo del Sindicato; así como no se aceptará a ninguna persona responsable de violencia de género malostratos infantiles, agresiones secuales, etc.
El Sindicato indica que en caso de que la totalidad o mayoría de una comunidad no lo cumpla, se desvinculan de ella y no ofrecen ningún tipo de ayuda. Esto es lo que ha ocurrido con la comunidad ubicada en Guía.
Estigmatización
Según señala el SIGC, La Esperanza parece ser un ejemplo de las comunidades que terminan siendo afectadas por “gente que se aprovecha de la vulnerabilidad”, ya que “la falta de servicios lleva al gueto”, lo que supone un “fracaso colectivo” y mayor “estigmatización” para estos grupos de familias y personas.
Es por ello que desde el Sindicato recalcan que “no se puede estigmatizar a un bloque de viviendas por una persona”, pero son conscientes que el proyecto no continúa como al principio. De los 10 espacios parecidos a este proyecto, solo tres siguen funcionando, según el SIGC.
Más de 10 años de reclamaciones
Después de más de 10 años, La Esperanza sigue teniendo las mismas reclamaciones: convertirse en viviendas de protección oficial y contar con suministro de agua y luz.
El actual alcalde de Guía, Alfredo Gonçalves, quien heredó esta situación de su antecesor Pedró Rodríguez, ha preferido no hacer declaraciones sobre el tema. Desde la Concejalía de Servicios Sociales señalan que las personas que residen en el edificio, reciben atención social y ayudas si cumplen los requisitos, como otra persona cualquiera del municipio, al estar empadronadas.