Todo empezó como un sueño, un proyecto encaminado a construir 70 hogares para quienes no tenían la posibilidad de acceder a una vivienda debido a sus costes. La intención era comenzar a vivir en los pisos — de una promotora que se fue a pique — y seguir los procesos para reclamarlas a la Sareb — el conocido banco malo — como alquileres sociales.
De este sueño, que no pudo recibir mejor nombre que La Esperanza, hace ya más de 10 años. En este tiempo, esa misma esencia que motivó el principio de todo cada vez se va desvaneciendo más y más entre reclamaciones olvidadas, de convertirse en viviendas de protección oficial y contar con suministro de agua y luz.
“Lo básico para poder vivir”
Guillermo Ceballos lleva ya 12 años viviendo en la que se denominó como la comunidad ocupa más grande de España, ubicada en Santa María de Guía (Gran Canaria). Cobra 480 euros por estar prejubilado y “así llevo ya años”, lo que le ha impedido el acceso a una vivienda ante el precio del alquiler y la compraventa. Expone que las peticiones a las administraciones no han cambiado.
Reclaman ser “casas habitables para no estar viviendo en la indigencia cómo llevamos algunos desde hace más de 10 años”, “lo típico para poder vivir una familia, sobre todo los que tienen hijos pequeños”. Por ejemplo, al no contar con suministro de agua, se abastecen a partir de grandes cubas de agua que compran.
Sin mejoras en años
Él es uno de los protagonistas del documental ‘Precaristas’, en el que se cuenta la labor que se propuso el Sindicato de Inquilinas de Gran Canaria y la Federación Anarquista de la isla para ayudar a familias en situación vulnerable a encontrar una vivienda. Recoge la historia de la comunidad de La Esperanza, así como de otros enclaves como los Barracones del Conde, El Refugio o La Ilusión.
El tiempo también ha pasado desde que se hizo ese documental. “Eso se grabó por allá de 2015 — se publicó en 2018 —”, expone entre pena y descontento porque “nada ha mejorado en todo este tiempo”, ni sus reclamaciones, ni la atención de las administraciones, que “sigue siendo nula”.
Cartas de desalojo
En 2016 les llegó una carta de desalojo firmada por el Ayuntamiento de Guía, en el que se alegaba la falta de condiciones habitables, por lo que salieron a manifestarse. Según cuenta el vecino de La Esperanza, tuvieron que hablar con las distintas administraciones, pero todo siguió su camino sin una solución a la vista. Desde aquel momento, “no hemos recibido más cartas de desalojo”, señala Guillermo.
A pesar de que no haya habido más avisos para que abandonen los domicilios, “lo único que desea el Ayuntamiento de Guía es que nos marchemos de aquí”, siente el vecino de La Esperanza, ante la reafirmación de la falta de integración y la estigmatización que les continúa persiguiendo.
Ayuntamiento de Guía
La carta de desalojo en 2016 fue firmada por el equipo de gobierno encabezado por Pedro Rodríguez (Juntos por Guía), exalcalde del municipio tras la moción de censura que se produjo en septiembre de 2024. El puesto de primer edil lo ha ocupado Alfredo Gonçalves (PSOE), quien ha preferido no hacer declaraciones sobre el tema.
Desde la Concejalía de Servicios Sociales de la entidad municipal, dirigida por Alejandro Rivero, señalan que, en cuanto a la atención social, no hay una medida o tratamiento especial para las personas que residen en La Esperanza. Al tratarse de vecinos de Guía — fueron empadronados por el anterior alcalde —, si solicitan una ayuda, se les otorga si cumplen los requisitos.