La crisis abierta en el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria no es el resultado de un hecho aislado, sino la consecuencia de una acumulación de tensiones que han terminado aflorando en forma de conflicto institucional. Dimisiones, discrepancias estatutarias, reproches sobre transparencia y un debate de fondo sobre liderazgo y conflictos de interés explican el mayor episodio de inestabilidad interna del COAGC en los últimos años.
El origen inmediato del conflicto se sitúa en la dimisión de dos vocales de la Junta de Gobierno —como adelantó este periódico el 23 de diciembre—. Para un sector del colectivo, esta circunstancia dejó al órgano por debajo del mínimo estatutario necesario para seguir operando con normalidad, lo que obligaba, a su entender, a limitar su actuación a la mera administración ordinaria y a activar de forma automática un proceso de elecciones extraordinarias. La Junta, sin embargo, sostiene que los Estatutos prevén expresamente este escenario mediante la figura de la Junta Provisional, que permite la continuidad del órgano con funciones limitadas hasta la celebración de los comicios.
Nuevo foco de fricción
Esta doble lectura de los Estatutos ha sido el núcleo del desacuerdo. Mientras los colegiados firmantes del escrito registrado a finales de diciembre cuestionan la legitimidad operativa de la Junta, el COAGC defiende que la reducción del número de miembros no invalida el órgano, sino que lo sitúa en un régimen transitorio plenamente regulado. Desde esta perspectiva, la Junta Provisional puede adoptar acuerdos de administración ordinaria y convocar elecciones extraordinarias, algo que, según el Colegio, ya estaba acordado antes de la presentación del escrito.
La convocatoria de una asamblea general ordinaria ha añadido un nuevo foco de fricción. Los firmantes solicitaron su cancelación al considerar que no debía celebrarse en un contexto de Junta provisional. El COAGC rechaza esta tesis y sostiene que la asamblea forma parte de las competencias ordinarias del órgano, que fue convocada conforme a los plazos y procedimientos estatutarios, y que su anulación carecía de base jurídica.
El conflicto ha incorporado además un debate sobre la transparencia interna, especialmente en relación con la comunicación de las dimisiones al conjunto del colectivo. La Junta explica que ninguno de los escritos de renuncia solicitó expresamente su difusión inmediata y que la práctica habitual ha sido informar de estas circunstancias en la primera asamblea general posterior. Pese a ello, el episodio ha evidenciado una pérdida de confianza entre una parte de los colegiados y la dirección del Colegio.
Estadio de Gran Canaria
Como trasfondo del conflicto aparece el debate previo sobre liderazgo e incompatibilidades, vinculado al proyecto de reforma del Estadio de Gran Canaria. En particular, la designación de Juan Torres como director insular de la reforma del estadio, después de haber participado en la redacción de las bases del concurso y formar parte del jurado que seleccionó el proyecto ganador, ha sido percibida por parte del colectivo como un elemento que agrava el malestar interno.
Aunque el Colegio descarta cualquier infracción legal o deontológica y niega la existencia de conflictos de interés, este encadenamiento de funciones ha reactivado el debate sobre la separación de roles, la imagen institucional y los estándares de gobernanza en una corporación profesional con proyección pública.
En conjunto, la crisis del COAGC refleja algo más que una discusión técnica sobre estatutos o procedimientos: pone sobre la mesa una discusión profunda sobre la forma de ejercer el liderazgo, los mecanismos de control interno y el equilibrio entre legalidad formal, ética profesional y legitimidad ante los colegiados.