La reforma del Estadio de Gran Canaria ha abierto una crisis interna de gran calado en el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (COAGC), con el Código Deontológico como eje central del conflicto. Un grupo de colegiados sostiene que Juan Torres podría incurrir en una incompatibilidad al compatibilizar su cargo como presidente del colegio con la dirección insular de la obra del recinto de Siete Palmas, después de haber participado tanto en la redacción de las bases del concurso como en el jurado que evaluó las propuestas.
El cuestionamiento, según fuentes del propio colectivo profesional, no es político ni personal, sino estrictamente normativo. El foco se sitúa en el apartado del Código Deontológico del COAGC relativo a la Participación en Jurados y Tribunales, que regula de forma expresa las obligaciones de imparcialidad y las limitaciones posteriores para quienes intervienen en este tipo de procesos.
¿Qué dice el texto?
El texto deontológico establece, como principio general, que los miembros de un jurado deben “actuar con absoluta independencia e imparcialidad, sin tener en cuenta cualquier clase de presión o influencia, dejando constancia razonada de su postura en caso de discrepancia”.
Pero es en el capítulo dedicado a las prohibiciones donde, a juicio de los colegiados críticos, se concentra el núcleo del conflicto. El Código señala literalmente que los miembros de un jurado, los redactores de las bases o los integrantes de los órganos implicados en una convocatoria no pueden “concurrir al concurso o licitación al igual que las personas físicas o jurídicas con las que guarde relaciones personales o profesionales que supongan causa de incompatibilidad”.
Y añade de forma explícita: “Aceptar cualquier tipo de encargo posterior directamente relacionado con la convocatoria”.
¿Vinculación al concurso?
Este último precepto es el que ha generado mayor controversia en relación con la obra del Estadio de Gran Canaria. Según los arquitectos que han elevado la queja, la dirección insular de la reforma constituye un encargo directamente vinculado al concurso, lo que, en su interpretación, vulneraría los principios de neutralidad, imparcialidad e igualdad de oportunidades que el propio Código Deontológico pretende salvaguardar.
El desacuerdo ha tenido consecuencias inmediatas en la estructura de gobierno del COAGC. A las dimisiones previas de Félix Bordes y Eloby Tchavez se han sumado recientemente las renuncias de los vocales Manuel Feo y María Luisa González, provocando una descomposición de facto de la Junta de Gobierno.
Elecciones
En la actualidad, el colegio queda sostenido únicamente por una junta permanente integrada por el decano, el tesorero y la secretaria, una situación que activa automáticamente los mecanismos estatutarios. Los estatutos del COAGC establecen que, tras la dimisión previa de dos vocales, la renuncia de uno solo de los cuatro miembros restantes obliga a iniciar un nuevo proceso electoral. Con las últimas salidas, ese supuesto se ha consumado sin margen de maniobra.
En este contexto, Juan Torres formalizó su renuncia mediante un comunicado dirigido al conjunto del colectivo profesional, fechado el 16 de diciembre de 2025, en el que anuncia su decisión personal e irrevocable de abandonar el cargo. La dimisión será efectiva el 9 de enero de 2026, una vez celebrada la Asamblea General Ordinaria convocada para ese mismo día, momento en el que se activará oficialmente el procedimiento estatutario para la elección de una nueva Junta de Gobierno.
La polémica, más allá de sus efectos internos, vuelve a situar la reforma del Estadio de Gran Canaria en el centro del debate público y subraya el peso que la ética profesional y la correcta aplicación de las normas deontológicas tienen en la gestión de los grandes proyectos públicos de la isla.