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Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible / AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

La consejería de Teodoro Sosa en el Cabildo no da abasto y necesita contratar a tres personas más

El área de Presidencia y Movilidad Sostenible ha sacado a licitación un concurso público para que una empresa externa sirva de apoyo

La Consejería de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria necesita coger aire porque no da abasto para gestionar como es debido todos los contratos públicos que pretende sacar adelante. Así queda reflejado en un documento firmado por el propio responsable del área, Teodoro Sosa, en una licitación con la que busca fichar a tres personas que sirvan de apoyo extra.

El objetivo del futuro acuerdo, con un importe aproximado de 367.949 euros, es disponer de una gestión eficaz y lo más uniforme posible en las iniciativas que quieran poner en marcha. Todo enmarcado en el Plan Estratégico de Gobernanza e Innovación Pública de la Corporación Insular, la hoja de ruta que se ha marcado la institución para modernizar su funcionamiento.

Número de proyectos

Fuentes del área con las que se ha puesto en contacto Atlántico Hoy aseguran que el instrumento de planificación que permitirá optimizar los procesos se estructura en tres ejes, nueve objetivos estratégicos y 25 específicos. “Para dar cumplimiento a estos objetivos el plan contiene 158 proyectos a acometer en varios ejercicios”, indican. 

El pliego de prescripciones técnicas del concurso recoge que la Consejería asume un gran volumen de trabajo en materia de contratación pública. “La heterogeneidad y complejidad de los trabajos a realizar requieren de una constante e intensiva coordinación de diferentes equipos de trabajo que no puede llevarse a cabo con los medios personales actuales”, admite.

Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible / AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR
 

Eficacia, eficiencia y transparencia

La carencia de medios ha provocado que sea imposible “dar una atención debida” a todos los expedientes que pretenden iniciar. Por lo tanto, insiste el texto, se precisa contar con un servicio de asistencia y apoyo técnico. La finalidad es dotarse de recursos externos que incrementen sus capacidades. El informe destaca que la clave está también en apostar por la eficacia, la eficiencia y la transparencia.

Merece la pena resaltar que se trata de un departamento que en el mandato 2023-2027 ha visto incrementado su presupuesto de gastos acorde a sus competencias. O, lo que es lo mismo, otra razón más para incrementar su capacidad de contratación administrativa. Pero la cosa no queda ahí: la Corporación presidida por Antonio Morales se ha propuesto configurar relaciones más ágiles con la población.

Teodoro Sosa, consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible / AYUNTAMIENTO DE GÁLDAR

Procesos de gobernanza

“El reto actual del Cabildo de Gran Canaria es modernizar sus procesos de gobernanza, transformar su funcionamiento interno e impulsar la innovación administrativa, con afán de convertirse en un referente de cercanía y servicio a la ciudadanía, mejorando su calidad de vida y potenciando el desarrollo sostenible de la Isla”, reflexiona.

Desde la Consejería admiten a este periódico que los recursos propios del Cabildo son insuficientes para enfrentar la gran cantidad de iniciativas que tienen por delante. “Con esta contratación aportamos algo más de músculo que permita que cada ejercicio podamos acometer un mayor número de licitaciones”, afirman.

Oficina Técnica Externa

Apuntan que la entidad adjudicataria, de cara a formar la Oficina Técnica Externa, debe tener como mínimo un jefe de proyecto —para el que se invertirá 49,41 euros cada hora—, un consultor tecnológico —40,43 euros a la hora— que sea ingeniero superior y un asesor jurídico licenciado o consultado en Derecho —37,73 euros cada hora—. 

Eso sí, aclaran que “el funcionamiento está cubierto con la plantilla ordinaria” y que esta contratación responde al plan estratégico para modernizar la administración. El plazo de ejecución de la prestación del servicio será de dos años iniciándose a partir de la formalización del contrato.