El Cabildo, dispuesto a negociar con Lopesan si presenta un proyecto para Veneguera que cumpla la ley

Las obras de Lopesan en el barranco de Veneguera han formado parte del debate público en los últimos días. El Cabildo de Gran Canaria remitió la semana pasada unos informes al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil donde relata una serie de daños causados en yacimientos arqueológicos y un Bien de Interés Cultural (BIC).

Pero los documentos, que ya están en manos de las autoridades responsables de la investigación, no implican que el Cabildo le haya declarado la guerra a Costa Canaria de Veneguera S.A. —sociedad filial de Lopesan—. Ese es el mensaje que transmite Raúl García Brink, consejero insular de Medio Ambiente, en una entrevista concedida a Atlántico Hoy.

Visión global

García Brink pone sobre la mesa que lo interesante sería recibir por parte de la empresa propietaria de los terrenos un proyecto sobre cuál es su visión del desarrollo agrícola de la zona. “Nunca hemos tenido esa visión de conjunto a largo plazo, siempre nos hemos encontrado con actuaciones parciales”, señala tajante el consejero de Medio Ambiente.

“Desde nuestro punto de vista, habría que plantearse una visión global y sentarse en una mesa con todas las instituciones implicadas: Patrimonio Histórico, Medio Ambiente del Cabildo, el Consejo Insular de Aguas y, por supuesto, el Ayuntamiento de Mogán, reflexiona. Además, insiste en que la mejor opción sería consensuar una solución ambientalmente viable.

Buscar consenso

“En coordinación con Patrimonio Histórico, con el Cabildo y con las instituciones implicadas, podríamos decir qué cosas, dentro de la normativa, se pueden hacer y cuáles no. Llegar a un acuerdo sobre lo que se puede hacer dentro del barranco y lo que no”, apunta. “Los conflictos nunca son buenos”, asevera también el responsable de Medio Ambiente.

“Hay asuntos que ya están sub iudice y tienen que seguir su curso judicial, pero, al mismo tiempo, lo más interesante sería sentarse, dialogar y llegar a acuerdos, en vez de estar inmersos cada cierto tiempo en diferentes conflictos que, quizá, se producen por no haber puesto sobre la mesa esa visión global y de conjunto”, sentencia García Brink.

Cumplir la normativa

En cualquier caso, aclara que exigirán en todo momento atender a la normativa. “Vamos a velar porque se cumpla la ley y en eso sí que vamos a ser proactivos, porque, si no, estaríamos prevaricando”, exclama. “Si hay desarrollo agrícola, que no atente contra el patrimonio histórico ni contra el patrimonio natural y que esté dentro del marco legal, añade.

“La visión de desarrollar la zona, apostar por el producto local o el kilómetro cero nos parece muy bien, pero las leyes son las mismas para todos los ciudadanos. Tenemos que hacer las cosas cumpliendo la ley. Si hay cosas que no se pueden hacer porque van en contra de la ley, no se hacen. Ese concepto del imperio de la ley es muy importante”, cuenta.

Mano tendida

“Desde esta Consejería nunca nos hemos negado a sentarnos con nadie ni a hablar. Siempre hemos tenido la mano tendida. Pero lo que no podemos permitir es que se atente contra el patrimonio histórico. Presuntamente, porque eso lo tendrán que decidir los jueces”, dice.

García Brink destaca que en ningún momento han dicho que esté entre sus planes denunciar a la empresa. Sus actuaciones se limitaron, aclara, a enviar un helicóptero porque la zona era de difícil acceso, inspeccionar para descubrir qué estaba ocurriendo y por último relatarlo mediante un comunicado público.

Competencias

“Costa Veneguera ha emitido otro comunicado donde ha dado su versión. Nosotros, en el nuestro, lo que hicimos fue relatar lo que ha ido ocurriendo en estas cuatro zonas: la parte baja del barranco, la rampa de Tabaibales, la playa de Veneguera y el barranco en sí mismo”, relata.

Matiza que aunque el Cabildo es el gestor del espacio y tiene la obligación de inspeccionar y emitir informes —así como de proteger el barranco—, no tienen competencias para ir más allá —como puede ser el ámbito judicial o de investigación—. Es una tarea, indica, que corresponde a la Fiscalía, al Seprona o la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural.

Informes ambientales

Señala que ha habido actuaciones agrícolas dentro del barranco que, bajo su punto de vista, están dentro de la ley. Pero por otro lado, apunta, ha habido casos como el de las obras en la playa de Veneguera, que se empezaron sin el informe de compatibilidad ambiental del Cabildo —un permiso que acabó siendo denegado—.

Algo parecido ocurrió, por ejemplo, con los pasos elevados en la zona baja del barranco, cuya licencia de obra contaba con un informe desfavorable de la Consejería de Medioambiente del Cabildo y del Consejo Consultivo de Canarias. Asimismo, aclara que los informes de su área son preceptivos, pero no vinculantes.

Cooperación futura

En conclusión, García Brink apuesta por la colaboración público-privada en el barranco de Veneguera para —por ejemplo— restaurar ambientalmente algunas zonas o replantando.

“Más allá de los procesos que están en curso, ojalá que dentro de unos años no tengamos que seguir hablando de un enfrentamiento y podamos hablar de una cooperación leal entre las instituciones y la propiedad. Ojalá eso se pueda producir algún día”, sentencia.