La Policía Nacional ha detenido a dos ciudadanos colombianos por su implicación directa en el asesinato de Josué C. M., conocido como El Conejero, un hombre de 38 años relacionado familiarmente con José Jesús C. A., alias El Negro, un viejo conocido de las fuerzas de seguridad que actualmente cumple condena por un intento de homicidio.

El crimen tuvo lugar el pasado miércoles 26 de junio, en torno a las 19.00 horas en la calle Pío XII, en el barrio de San José de Las Longueras. La víctima recibió cinco disparos de un motorista vestido de negro que huyó del lugar a toda velocidad. El ataque, ejecutado a plena luz del día, ha sembrado temor e indignación entre los vecinos, quienes nunca imaginaron ver un asesinato por encargo en una zona considerada actualmente tranquila.

Ajuste de cuentas

Menos de 48 horas después, los investigadores lograron detener al presunto autor material de los disparos y a un cómplice, ambos sicarios a sueldo, en el marco de una operación jaula, que incluyó controles en puertos, aeropuerto y carreteras clave del municipio. El caso está siendo investigado por la Brigada de Policía Judicial de la Comisaría de Telde, en colaboración con unidades especializadas en delitos violentos.

Las primeras hipótesis apuntan a un ajuste de cuentas entre clanes enfrentados por el control del narcotráfico en la isla, en especial entre la red de los C. A. —familia de El Conejero— y otro grupo asentado en Jinámar, también vinculado a actividades de distribución de cocaína y hachís. Según fuentes cercanas al caso, la ejecución podría haber sido orquestada desde prisión o por encargo de rivales que buscaban acabar con la influencia del clan.

Condena anterior

El Negro, familiar de la víctima, cumple 12 años de prisión por un tiroteo en Jinámar y enfrenta además otro procedimiento judicial por presunto tráfico internacional de estupefacientes, al haber sido acusado de introducir droga desde Sudamérica a través del Puerto de La Luz, camuflada en cargamentos de azúcar.

Aunque los detenidos están ya a disposición judicial, la gran incógnita sigue siendo quién ordenó la ejecución. Las autoridades mantienen abierta la investigación, que podría destapar una guerra soterrada por el control del narcotráfico en el este de Gran Canaria.