La federación ecologista Ben Magec ha advertido de que el proyecto del parque acuático Siam Park en el barranco de El Veril, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, se está planificando en una zona declarada inundable. Según el colectivo, la documentación del expediente reconoce que el área donde se pretende construir el complejo está catalogada como un espacio con riesgo de inundación.
La organización señala que el propio expediente del proyecto identifica el lugar como un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI-42). Sin embargo, sostienen que las conclusiones del Documento Inicial Estratégico sostienen que no se prevé una incidencia del cambio climático en los episodios de inundación durante el actual ciclo de planificación, algo que consideran contradictorio.
Críticas al procedimiento y al modelo
Según Ben Magec, el documento sometido a información pública supone una reformulación meramente formal del anterior plan, que fue anulado judicialmente, sin abordar los elementos que motivaron su impugnación. La federación ecologista sostiene que el objetivo real del plan es implantar un parque acuático privado.
En este sentido, la organización afirma que la iniciativa estaría vinculada a una propuesta promovida por la empresa Loro Parque S.A., aunque en la documentación se utilicen denominaciones genéricas como “parque botánico” o “parque ambiental”. A juicio del colectivo, esta circunstancia evidenciaría una falta de transparencia y una valoración insuficiente de alternativas en el proceso.
Riesgo de inundaciones en el barranco
El ámbito del plan se sitúa en el cauce público del barranco de Buenavista-El Cañizo-La Maleza, una zona que ha registrado episodios de inundaciones graves en el pasado, con daños materiales y personales durante las lluvias ocurridas entre 2000 y 2002.
Los ecologistas sostienen que los estudios incluidos en el expediente minimizan el riesgo real de inundación, ya que no tendrían en cuenta eventos extremos recientes ni la evolución climática. También advierten de que la canalización del barranco planteada como solución podría aumentar la velocidad del agua y agravar el riesgo aguas abajo.
Área de riesgo potencial
El propio expediente reconoce que el área constituye un Área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI-42). Sin embargo, el Documento Inicial Estratégico sostiene que no se prevé una incidencia del cambio climático en los episodios de inundación durante el actual ciclo de planificación, una conclusión que el colectivo considera contradictoria.
Ben Magec señala además que el estudio plantea la canalización del barranco y la solicitud de informes sectoriales, pero no analiza con detalle la suficiencia de las medidas de prevención ni su compatibilidad con la normativa de protección del dominio público hidráulico estatal y autonómico.
Delimitación del dominio público
Entre las alegaciones presentadas, la federación ecologista advierte de que no se acredita la delimitación previa del dominio público hidráulico, ni la integración de la cartografía oficial de riesgos. A su juicio, esto podría suponer una vulneración de la Ley de Aguas y de la normativa de evaluación ambiental.
Asimismo, el colectivo sostiene que el expediente no evalúa adecuadamente los efectos acumulativos de la urbanización sobre el drenaje natural del barranco ni justifica la compatibilidad de la ocupación del cauce con la prevención de riesgos para personas y bienes.
Petición de retirada del plan
Por todo ello, Ben Magec ha solicitado la retirada completa del documento durante el periodo de alegaciones. La organización considera que el territorio presenta una fragilidad ambiental y un riesgo de inundación que no han sido correctamente valorados en la evaluación ambiental.
Además, el colectivo advierte de que el proyecto incluiría una propuesta de alojamiento turístico de más de 470 nuevas camas, lo que supondría una mayor presión sobre el entorno. A su juicio, la ocupación del cauce público para actividades de ocio y alojamiento con gran afluencia de visitantes contraviene los principios de prevención y precaución que deben regir la ordenación territorial en Canarias.