La polémica en torno al ocio nocturno en Playa del Inglés sigue creciendo. Meses antes de la última redada en el Centro Comercial Plaza, Juan Manuel Pérez —empresario del municipio— presentó en junio un escrito oficial denunciando diferentes incumplimientos en el bar El Caserío. En su denuncia detallaba irregularidades vinculadas a la actividad del local que, según afirmó, se venían produciendo de forma continuada.
El documento cobra especial relevancia después de lo ocurrido este fin de semana. En la madrugada del domingo, 31 de agosto, la Policía Nacional desplegó un operativo en el CC Plaza Maspalomas. La inspección simultánea en varios locales de ocio, concluyó con la localización de 27 adolescentes encerrados en un cuarto del New One. No eran los únicos adolescentes que estaban en ese establecimiento: los agentes encontraron allí a otra treintena de menores.
La presencia de jóvenes por debajo de los 18 años no se limitó al New One. Según ha podido haber este periódico, en El Caserío la Policía se topó se con otra veintena de adolescentes.
Declaraciones del concejal
El despliegue se centró en el control del tráfico y consumo de drogas, así como en verificar la presencia de menores en espacios no autorizados para ellos. La operación fue ejecutada en exclusiva por la Policía Nacional, pese a que el concejal de Seguridad, José Carlos Álamo, aseguró públicamente que la Policía Local también había participado.
Tras la redada, el denunciante que había advertido meses antes las irregularidades en el CC Plaza ha vuelto a pronunciarse. En declaraciones a este periódico acusa a un oficial de la Policía Local de proteger a El Caserío y señala que nunca se actuó frente a sus avisos. Además, insiste en que la versión del concejal es falsa, pues la intervención fue realizada únicamente por agentes de la Policía Nacional —mientras que ninguno de los integrantes de las unidades de la Policía Local que se encontraban en la zona bajaron al Plaza—.
Con la denuncia previa ignorada, las contradicciones políticas y las nuevas acusaciones contra un oficial de la Policía Local, crece la presión social y judicial para esclarecer si existió inacción deliberada o incluso protección institucional hacia determinados locales de ocio nocturno en Maspalomas.