Raúl Asencio, futbolista grancanario del Real Madrid, pendiente de juicio por compartir sin consentimiento vídeos sexuales de dos jóvenes, una menor de edad. / EFE
Raúl Asencio, futbolista grancanario del Real Madrid, pendiente de juicio por compartir sin consentimiento vídeos sexuales de dos jóvenes, una menor de edad. / EFE

La Fiscalía frustra el acuerdo entre Asencio y las dos jóvenes grabadas mientras practicaban sexo

Las víctimas pierden compensaciones de 100.000 euros al fracasar una sentencia de conformidad para zanjar la responsabilidad del futbolista canario por la vía rápida | El juicio sólo está pendiente de los escritos de defensa y el auto del juez

La Fiscalía General del Estado ha rechazado el acuerdo entre el abogado del futbolista Raúl Asencio y las dos jóvenes que fueron grabadas sin consentimiento mientras practicaban sexo en un reservado del sur de Gran Canaria.

El pacto entre la defensa y las acusaciones particulares buscaba una sentencia de conformidad para zanjar el pleito contra el jugador grancanario por la vía rápida, pero la Fiscalía de Sala de Criminalidad Informática rechaza acusar a Asencio de un delito menor y pide pena de cárcel.

Esto, en la práctica, obliga a que el central del Madrid se siente en el banquillo junto a otros tres amigos y antiguos canteranos del club blanco, al tiempo que frustra un acuerdo económico beneficioso para las dos víctimas, quienes iban a ser compensadas con indemnizaciones superiores a los 100.000 euros, explican fuentes conocedoras de las negociaciones.

Poco frecuente

Una de las víctimas tenía 18 años y la otra 16 cuando sucedieron los hechos, en 2023. La decisión de la Fiscalía es infrecuente en este tipo de delitos porque afectan a la esfera privada de las personas, y con ellos se busca precisamente proteger la intimidad. Por eso lo habitual es tener presente la voluntad de los perjudicados y perjudicadas, lo cual no ha sucedido en este caso.

La fiscal que lleva el caso en San Bartolomé de Tirajana había emitido un informe interno a favor del acuerdo entre la defensa y las acusaciones particulares, pero sus superiores en Madrid han decidido acusar por dos delitos contra la intimidad, con una pena de cárcel solicitada de dos años y medio, según ha adelantado Cadena Ser.

Las acusaciones particulares no han recibido aún las conclusiones provisionales del ministerio público, pero sí han sido informadas de que no hay respaldo al acuerdo.

Posturas

El pacto consistía en calificar la actuación de Asencio como un delito leve, pues no participó en el encuentro sexual ni grabó a las jóvenes, sino que pidió el vídeo después y lo compartió con un amigo.

Esta versión atenuada del delito contra la intimidad, que está recogida en el artículo 197.7 del Código Penal, prevé una pena de multa de tres meses, la cual, al ser un castigo leve, permite al mismo juez de instrucción resolver el caso, sobre todo si las partes están conformes e interesan una sentencia de conformidad.

Ese era el objetivo del abogado Alfonso Morales Camprubí cuando asumió la defensa de Asencio y comenzó a negociar con Rubén Vallejo y Margarita Alejo, que representan a las víctimas.

Al no haber conformidad, las acusaciones privadas mantienen sus conclusiones actuales: solicitan cuatro años de cárcel para el futbolista isleño por revelación de secretos y por pornografía infantil, esto es, por exhibir el contenido íntimo y por hacerlo a sabiendas de que una de las afectadas era menor, mientras que para Juan Rodríguez, Ferrán Ruiz y Andrés García reclaman diez meses más de prisión, pues grabaron sin permiso los actos sexuales y los difundieron en diferentes chats compartidos.

Trámites pendientes

La Fiscalía, en cambio, reclama para Asencio dos años y seis meses de prisión, multa de 100 euros diarios durante 24 meses y 10.000 euros de indemnización por dos delitos contra la intimidad. El ministerio público eleva el castigo para el resto de acusados hasta los cuatros años y siete meses de cárcel, con indemnizaciones de 25.000 euros para cada una de las víctimas.

Y es ahí, en las compensaciones económicas, donde las víctimas salen peor paradas al decaer el acuerdo. Las actuaciones quedan ahora pendientes de los escritos de defensa y el auto del juez para ir a juicio.