Raúl Asencio, jugador grancanario del Real Madrid. / EFE
Raúl Asencio, jugador grancanario del Real Madrid. / EFE

El abogado del Real Madrid negocia para sacar a Asencio del juicio por los vídeos sexuales

La defensa busca aminorar la responsabilidad penal del jugador a cambio de una acuerdo con las acusaciones para resarcir a los dos víctimas, una menor de edad. La Fiscalía espera por el resultado de esos contactos para formular sus conclusiones

El abogado Alfonso Morales Camprubí, un habitual de los asuntos penales del Real Madrid, ha iniciado negociaciones con las acusaciones del caso en el que está imputado Raúl Asencio.

Su objetivo es sacar al jugador grancanario del juicio por pornografía infantil y revelación de secretos que tiene pendiente o, en su defecto, llegar a un acuerdo en el que el futbolista salga lo mejor parado posible para no dañar la imagen del club.

Hechos

Asencio está acusado de solicitar y enseñar vídeos sexuales que fueron grabados por otros tres canteranos del Madrid con dos mujeres jóvenes, una menor de edad, durante un encuentro en un reservado de un complejo turístico del sur de Gran Canaria.

Los letrados de las víctimas y del canterano del Real Madrid, Raúl Asencio, en la entrada delos Juzgados este viernes / ATLÁNTICO HOY
Los letrados de las víctimas y del canterano del Real Madrid, Raúl Asencio, en la entrada de los Juzgados de San Bartolomé de Tirajana. / ATLÁNTICO HOY

El abogado Rubén Vallejo y la letrada Margarita Alejo, que representan a las víctimas, solicitan penas de hasta cuatro años y diez meses de cárcel para los futbolistas.

Esta acusación formal, tras cerrar el juez Julio Wood la instrucción, conllevará la apertura de juicio para sentar a los investigados en el banquillo. La implicación de Asencio en los hechos, sin embargo, es distinta a la de sus amigos.

Participación y penas

El central canario del Madrid no participó en las relaciones sexuales ni las grabó. Las mujeres, de 18 y 16 años, consintieron los intercambios, pero no que las grabasen con el móvil, y mucho menos que las imágenes se difundieran en varios chats colectivos de wasap, con mensajes denigrantes para la dignidad de las afectadas incluidos. 

Las víctimas, tras percatarse de que fueron grabadas, reclamaron sin éxito la eliminación de los vídeos el mismo día de los hechos, que ocurrieron en junio de 2023.

Asencio, según la acusaciones, era conocedor de la edad de la menor y de la falta de permiso para grabarlas porque estaba ese día con ellos en la piscina, pero aún así pidió a uno de sus amigos que le mandase el vídeo y luego se lo enseñó a un tercero, quien, a su vez, iniciaba una relación con una de las jóvenes. Por eso se enfrenta a una petición de cuatro años de cárcel, mientras que Andrés García (AD Alcorcón), Ferrán Ruiz (Girona FC) y Juan Rodríguez (SD Tarazona) se exponen a cuatro años y diez meses de prisión.

Segundo intento

La intervención del futbolista isleño es menos relevante que la del resto de investigados, y a esa circunstancia se aferra el letrado Alfonso Morales para negociar con las acusaciones. Las víctimas ya rechazaron un acuerdo con Juango Ospina, que era el anterior representante legal del jugador.

Morales ha sustituido a Ospina precisamente tras prosperar la acusación contra Asencio y verse comprometida la imagen del club, pues el central se ha convertido estos años en una de las nuevas promesas del Madrid. 

El abogado no sólo se hizo cargo de los insultos racistas a Vinícius, sino que también ha gestionado asuntos penales relacionados directamente con Florentino Pérez. De ahí su vinculación con el equipo merengue.

Puente

Una de sus primeras actuaciones, tras asumir la defensa de Asencio, ha sido tender un puente a las acusaciones para evitar el juicio o aminorar la posible responsabilidad del jugador.

Como suele ser habitual en estos casos, el acuerdo consistiría en una cantidad económica en concepto de indemnización y la modificación de los actuales escritos de acusación.

Fiscalía

Hasta el momento sólo han formulado sus conclusiones provisionales los letrados de las víctimas, no la Fiscalía de Las Palmas, que precisamente está a la espera del resultado de esas negociaciones para emitir su calificación jurídica de los hechos.

Lo que pacten los abogados de manera privada no tiene por qué vincular ni condicionar al ministerio público, pero en este tipo de delitos siempre es importante conocer la postura de las víctimas para perfilar la acusación.

Es más. El cambio de letrado y la apertura de esas negociaciones es lo que ha motivo el retraso de la Fiscalía en la emisión de sus conclusiones, pues disponía de diez días para hacerlo y aún no lo ha hecho, un plazo exactamente igual al de las acusaciones particulares, explican diferentes fuentes judiciales consultadas.