La Audiencia Provincial de Las Palmas ha iniciado este lunes el juicio contra un constructor de Telde que está acusado de orquestar una trama de "empresas espejo" para eludir el pago de más de 201.000 euros en cotizaciones a la Seguridad Social.
La vista oral está previsto que se prolongue hasta este miércoles, con una petición de hasta seis años de cárcel para el empresario.
Trasvase de trabajadores
Según el escrito de acusación de la Fiscalía Provincial, Remigio, de 52 años, creó de manera sucesiva hasta cuatro entidades mercantiles dedicadas a la construcción. La operativa era siempre la misma: cuando una de sus empresas acumulaba deudas importantes con la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y se iniciaba la vía ejecutiva, el acusado ponía en marcha una nueva sociedad.
A esta nueva entidad desviaba tanto la facturación como a los trabajadores de la empresa deudora. Con esta estrategia, el fiscal sostiene que Remigio lograba dos objetivos: mantener a salvo los ingresos de su explotación económica al facturar a través de una empresa "limpia", y obtener certificados de estar al corriente con la Seguridad Social, que son imprescindibles para seguir contratando con terceros.
Empresas implicadas
El Ministerio Fiscal detalla un rastro de impagos que comenzó en 2012 y se extendió hasta 2017 a través de las siguientes mercantiles: Construcciones Reforcan Canarias, SLU ha dejado una deuda de 99.543,04 euros y fue declarada insolvente tras eludir los requerimientos de la Unidad de Recaudación Ejecutiva; Obras y Reformas Santana 2013, SLU acumula deudas propias y derivadas por valor de 35.372,76 euros, y Construman Telde, SL. generó una deuda de 92.224,39 euros entre 2014 y 2016.
La última empresa afectada es Reformas Archipiélago Canario, SLU, pues el acusado puso como administrador a un antiguo trabajador para evitar sospechas, aunque mantenía el control real de la gestión, asegura el fiscal. Esta entidad adeuda 15.636,12 euros.
También se detectó que Remigio llegó a dar de alta en una de las constructoras a su empleada de hogar para que realizara tareas de limpieza en sus domicilios particulares, cargando los costes a la empresa.
Petición de penas
La Fiscalía califica estos hechos como un delito continuado contra la Seguridad Social. Por ello, solicita para el acusado seis años de prisión, una multa de 804.005,08 euros, lo que equivale al cuádruple de la cantidad defraudada, y la pérdida del derecho a obtener subvenciones o ayudas públicas durante seis años.
También se reclama en concepto de responsabilidad civil el pago de los 201.001,27 euros adeudados a la TGSS.