El Cabildo de Gran Canaria, en coordinación con el Gobierno de Canarias, solicitará formalmente un cambio normativo estatal que permita establecer un marco retributivo específico para la generación de electricidad en las Islas. El objetivo principal de esta medida es evitar que el 25% de la producción de energía renovable se siga "tirando a la basura", una ineficiencia que genera pérdidas económicas millonarias y frena la transición ecológica del Archipiélago.
El presidente del Cabildo, Antonio Morales, acompañado por el consejero de Medio Ambiente, Raúl García Brink, presentó este lunes la propuesta técnica elaborada por la consultora especializada Samso. Durante su intervención, Morales alertó de que mantener el modelo actual provocará un "parón" inevitable en el despliegue de las renovables, ya que el sistema vigente penaliza la instalación de más potencia limpia al no disponer de mecanismos de gestión y almacenamiento adecuados.
Un modelo peninsular ineficaz
La iniciativa defiende que Canarias necesita un marco regulatorio excepcional, similar al que la Unión Europea ya permite en regiones ultraperiféricas como Azores y Madeira debido a sus desventajas estructurales. El modelo actual, diseñado bajo parámetros peninsulares, no se ajusta a la realidad de los sistemas eléctricos aislados y frágiles de las islas. Según el análisis presentado, los sobrecostes de generación eléctrica en Canarias duplican a los de la Península, alcanzando una cifra cercana a los 800 millones de euros.
Morales subrayó que estos sobrecostes estructurales no desaparecerán sin una modificación profunda de las reglas del juego. En la actualidad, el sistema eléctrico canario continúa dependiendo mayoritariamente de los combustibles fósiles, mientras que la falta de competencia efectiva entre tecnologías y la ausencia de un mercado real de casación de ofertas impiden una modernización eficiente del sector.
Sin incentivos a la inversión
El presidente insular destacó que el sistema regulado actual importa el precio de referencia del mercado peninsular, lo que distorsiona la realidad de los costes canarios. Esta situación provoca que no existan señales económicas eficaces para incentivar aspectos clave como el consumo flexible o la gestión de la demanda. En consecuencia, se dificulta la atracción de inversión privada hacia los activos que el sistema necesita urgentemente para garantizar su estabilidad y sostenibilidad.
La propuesta, calificada por el Cabildo como "gradual, realista y jurídicamente sólida", ha sido consensuada con organizaciones empresariales, grupos ecologistas y el sector de las energías renovables. Una vez finalizada la revisión por parte del Ejecutivo autonómico, el documento será elevado al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) y al Ministerio para la Transición Ecológica.
Apuesta por el almacenamiento
Joan Herrera, especialista de la consultora Samso, incidió en que la normativa europea permite flexibilidad en el almacenamiento cuando no existe un mercado funcional, como es el caso de Canarias. La solución técnica propuesta pasa por fomentar el uso de baterías de ion de litio, lo que permitiría desplazar progresivamente la generación térmica con combustibles fósiles.
David Ribó, consultor del proyecto, explicó que para lograr esta transición es imprescindible retribuir mejor la instalación de sistemas de almacenamiento. A pesar de la inversión necesaria, el coste final siempre sería inferior al precio actual de la generación de energía térmica, lo que redundaría en una bajada global de los costes del sistema y aceleraría la descarbonización de la economía canaria.