Santa Cruz de Tenerife avanza en la ampliación de su parque de vivienda pública con una inversión conjunta de 115 millones de euros, fruto de un acuerdo entre el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. El convenio permitirá impulsar nuevas promociones de vivienda, así como actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana en distintos barrios de la capital.
La iniciativa responde al aumento sostenido de la demanda habitacional, con especial atención al alquiler público, y se enmarca en la estrategia conjunta de las administraciones para reforzar la oferta disponible en un contexto marcado por la dificultad de acceso a la vivienda.
Nuevas promociones
Según lo previsto, este mismo año comenzará la construcción de 226 viviendas públicas en el barrio de Cuevas Blancas, una de las actuaciones de mayor envergadura incluidas en el convenio. A estas se sumarán 37 viviendas más en María Jiménez, también destinadas al alquiler público, cuya finalización está prevista para principios del próximo año.
En el caso de Cuevas Blancas, el calendario de ejecución sitúa el final de las obras a finales de 2027, en un proceso que las administraciones reconocen como complejo por la duración de los trámites previos.
Peso de la capital
Durante la presentación, el alcalde puso el foco en el papel de Santa Cruz dentro de la política insular de vivienda. Según detalló, la capital concentra cerca del 50% de la vivienda pública que se construye en toda Tenerife, pese a albergar aproximadamente el 20% de la población insular.
A estas promociones se suman otros proyectos ya en marcha, como la construcción de 100 viviendas en La Gallega y 20 en Valleseco, cuya adjudicación podría producirse a lo largo de este año, reforzando de forma progresiva la oferta pública disponible.
Demanda registrada
Las cifras oficiales sitúan entre 6.000 y 7.000 personas inscritas como demandantes de vivienda en Santa Cruz de Tenerife. De ellas, solo un tercio solicita vivienda pública en régimen de alquiler, mientras que otro tercio opta por vivienda protegida de promoción privada también en alquiler. El resto de las solicitudes se orienta a la compra de vivienda.
Estos datos, según explicó el Gobierno de Canarias, reflejan un mercado tensionado y con perfiles de demanda muy diversos, lo que obliga a diseñar políticas diferenciadas y complementarias.
Obstáculos normativos
Uno de los principales problemas señalados por las tres administraciones es el marco normativo actual, que obliga a la vivienda pública a seguir los mismos procedimientos administrativos que cualquier otra edificación. Esta situación, indicaron, dificulta reaccionar con rapidez ante situaciones de emergencia.
Por este motivo, reclamaron al Gobierno central la habilitación de mecanismos excepcionales de contratación que permitan agilizar la ejecución de proyectos cuando exista una necesidad social acreditada.
Rehabilitación urbana
El convenio se integra además en una estrategia más amplia que incluye la adquisición de promociones privadas para su incorporación al parque público, como las 20 viviendas compradas en Valleseco, y múltiples actuaciones de rehabilitación energética y regeneración urbana.
Estos proyectos se desarrollan en barrios como Añaza, Los Gladiolos, Santa María del Mar, Barrio de la Salud, Ofra o García Escámez, y alcanzan en conjunto a más de 1.500 viviendas, consolidando una intervención integral que combina nueva construcción y mejora del parque existente.