La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias se opone a un cambio en el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana que consolide a Lomo Los Azules como un asentamiento agrícola en el sur de Gran Canaria.

El cambio de categoría es necesario para regularizar más de cuarenta viviendas tipo chalet que están fuera de ordenación, pero el informe emitido por Agricultura rechaza la iniciativa promovida por el Ayuntamiento. El proyecto está siendo tramitado a instancias de la Plataforma de Afectados El Salobre, Lomo Los Azules y Zonas aledañas: fue aprobado de manera inicial en 2023, pero sigue pendiente de aprobación definitiva por el pleno municipal.

Retroceso para el campo

El dictamen técnico de Agricultura, que es asumido por Política Territorial, considera que el cambio propuesto no es una mejora para el campo, sino un consumo injustificado de suelo fértil.

El informe técnico desmantela la iniciativa municipal de convertir 41,90 hectáreas de Suelo Rústico de Protección Agraria en un Asentamiento Agrícola, lo cual revela una nueva realidad marcada por el ocio residencial o turístico y no por el cultivo.

Piscinas en lugar de arados

La inspección administrativa ha detectado edificaciones con tipologías puramente residenciales y turísticas que incluyen piscinas, una infraestructura incompatible con la categoría de suelo rústico protegido.

Según Agricultura, resulta contradictorio considerar que cultivar y producir alimentos en Lomo Los Azules es "insostenible", mientras se invierte agua desalada y energía para el llenar las piscinas de la zona, sobre todo por el 70 % de las viviendas están sin legalizar, recoge el informe.

Turismo y huella de carbono

Los técnicos consideran "temerario" recurrir a la insostenibilidad del sistema productivo agrario como argumento para legalizar los chalés, y recuerdan que la soberanía alimentaria de Gran Canaria y de toda Canarias está en peligro.

San Bartolomé de Tirajana lidera la emisión de huella de carbono en las Islas, debido precisamente a la necesidad de importar alimentos para los turistas, que doblan cada año en número a la población residente en el municipio.

El informe recalca que cualquier vivienda en un asentamiento agrícola debe estar directamente vinculada a una explotación efectiva y ser proporcional a la misma, algo que no ocurre en Lomo Los Azules, donde el consumo de suelo se destina a fines ajenos a la actividad primaria.

Cultivos amenazados

A pesar de la creciente presión urbanística, la zona aún mantiene una importante diversidad agrícola que el nuevo plan pondría en riesgo.

Según el Mapa de Cultivos de Canarias, el área afectada suma 316.683 metros cuadrados de superficie agrícola.

Entre los cultivos existentes destacan hortalizas variadas (89.446 m²), mango (21.742 m²) y otros frutales, extensiones de tuneras (34.087 m²), olivos (18.480 m²) y viñas (9.836 m²). En menor medida se alterna la producción de millo, aguacates, cítricos, aloe y huertos familiares.

El informe destaca la presencia de 92.444 metros cuadrados de superficie fértil no utilizada, un recurso estratégico que la administración autonómica considera necesario para recuperar soberanía alimentaria en las Islas, la cual se sitúa por debajo del 20% para muchos productos.

Ganadería en extinción

El impacto de la residencialización no solo afecta a la tierra, sino también a la ganadería local. En el entorno de Lomo Los Azules existen cuatro explotaciones censadas en el Registro de Ganaderos de Canarias que crían razas autóctonas en peligro de extinción, como la cabra majorera y la oveja canaria.

Especial preocupación genera la cercanía de una explotación apícola de abeja negra canaria, situada a solo 260 metros del ámbito de la modificación.

La abeja negra es otra especie protegida en riesgo de extinción. Por eso Agricultura advierte que fomentar el uso residencial y turístico sin control desplaza estas actividades profesionales y rompe el equilibrio del ecosistema productivo rural.

Golpe a la sostenibilidad

La Consejería, lejos de considerar la agricultura de la zona como un atraso, aclara que se ha invertido en sofisticados sistemas de riego por goteo y recuperación de energía, rechazando de plano el discurso de la insostenibilidad del sector primario para justificar la urbanización.

En resumen, no sólo se han invertido fondos públicos en la red de riego agrícola actual, sino que aprobar la modificación sería un golpe directo a la sostenibilidad de Gran Canaria, pues aumentaría la dependencia de las importaciones de alimentos y se abriría la puerta a la eliminación de suelo productivo.