Juan Bordes López, funcionario de carrera y jefe de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, ha interpuesto una querella criminal contra la concejala de Urbanismo, Davinia Ramírez Collado. El técnico acusa a la edil de acosarlo y de manipular de manera continuada los expedientes tras negarse a ejecutar órdenes contrarias al ordenamiento jurídico.
La querella lleva fecha del pasado 28 de octubre, está redactada por el abogado Juan Sánchez Limiñana y ha recaído en la plaza cuatro del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana (Sección Instrucción).
Desde el área de Urbanismo rechazan realizar valoraciones porque aún no se les ha notificado la acción penal y desconocen los detalles de la misma. Sin embargo, el empresario Juan Manuel Pérez, que es el denunciante del caso mascarillas, pidió el pasado 22 de abril al Ayuntamiento que investigue a Bordes por teletrabajar sin autorización y otras posibles faltas administrativas.
Urbanismo, en cualquier caso, está al corriente de la denuncia del empresario, que es bastante posterior a la querella del funcionario y parece una reacción para contrarrestar sus efectos.
Alcance
El jefe de Disciplina Urbanística denuncia "graves irregularidades, presiones políticas y órdenes verbales contrarias al ordenamiento jurídico" que afectan a diversos expedientes municipales.
La querella revela que el funcionario ha sufrido "presiones, represalias y acoso laboral" debido a su actuación independiente al instruir los expedientes, y señala como responsable de esos comportamientos a "sus superiores políticos", quienes "han utilizado su posición de poder para obstaculizar procedimientos sancionadores, paralizar resoluciones judiciales y castigar al funcionario por negarse a colaborar en actuaciones ilícitas".
El letrado de Bordes enmarca los hechos en una trama de corrupción administrativa y urbanística que afecta de manera transversal a todo el área de Urbanismo, con diferentes bloques de actuaciones comprometedoras.
Perrera y terrazas en Meloneras
Una de esas actuaciones coercitivas afecta a una perrera ilegal. Tras aprobarse la sanción y la clausura del negocio, el querellante sostiene que la concejala le dio una orden verbal de paralización de la ejecución, lo que derivó en la anulación tácita del expediente sin motivación jurídica.
En otro caso se coaccionó presuntamente a una funcionaria para no realizar una inspección urbanística programada, al tiempo que retuvieron órdenes de desalojo por ocupación ilegal del dominio público, con la finalidad de buscar una "solución amistosa" con los empresarios del paseo de Meloneras, el conocido como caso Cogorsa-Pingüino Soul.
Caducidad de expedientes
El querellante sostiene que la edil ordenó retrasar la demolición de una construcción ilegal en el edificio Las Casitas, a pesar de existir una sentencia firme desde 2008. "Mientras yo esté aquí, eso no se va a tirar", asegura Bordes que le ordenó Davinia Ramírez.
Otro de los bloques de la querella está destinado a expedientes administrativos que supuestamente se dejaban caducar. Como ejemplo, el abogado cita el local Panamera, cuya inspección habría sido bloqueada por ser el titular una "persona conocida" de la concejala. "Los expedientes que no me interesan, los dejo caducar", desvela el jefe de Disciplina Urbanística que le dijo Ramírez.
'Mobbing' institucional
Como consecuencia de su negativa a acatar estas órdenes, Juan Bordes denuncia haber sufrido un patrón de acoso laboral. Entre las represalias, destaca la supresión o reducción al mínimo de sus productividades, siendo el único técnico del área discriminado en este complemento.
Por todo ello solicita al juzgado que abra diligencias penales contra la concejala por prevaricación, corrupción urbanística, tráfico de influencias, desobediencia judicial, omisión del deber de perseguir delitos y acoso institucional, al tiempo que deja la puerta abierta a ampliar la investigación a otros cargos públicos por su posible responsabilidad en los hechos.
Además de aportar documentos y conversaciones telefónicas, el abogado de Bordes propone como testigos a varios compañeros de trabajo que estarían en disposición de ratificar su relato de los hechos.