El primer teniente de alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, ha respondido a la querella criminal presentada por el jefe de Disciplina Urbanística contra la concejala de Urbanismo, una acción adelantada por Atlántico Hoy, situando su origen en un conflicto administrativo previo derivado del cese del propio funcionario.
En un comunicado oficial, Marichal rechaza el relato que sustenta la denuncia y asegura que “no puedo quedarme en silencio ante las acusaciones que se están vertiendo. Son rotundamente falsas, y no responden a la realidad de lo ocurrido”.
Foco en la gestión interna
La reacción del grupo de gobierno se produce después de que este medio publicara que el funcionario Juan Bordes López ha interpuesto una querella contra la edil Davinia Ramírez Collado, en la que denuncia presuntas presiones políticas, manipulación de expedientes y acoso laboral en el área de Urbanismo. La acción judicial, fechada el 28 de octubre de 2025, ha recaído en un juzgado de instrucción del municipio.
Frente a ese relato, la versión trasladada ahora por la Concejalía sitúa el foco en la gestión interna del servicio. Según detalla el comunicado, el técnico fue incorporado en julio de 2024 mediante una adscripción provisional con objetivos concretos: reducir expedientes acumulados, agilizar procedimientos y activar un plan de inspección en ámbitos sensibles como terrazas, ocupación del espacio público y actividad nocturna.
Sin embargo, el área sostiene que esos objetivos no se cumplieron, generando una situación de “parálisis en el servicio”, con expedientes sin tramitar y un aumento de asuntos pendientes.
Finalización de la adscripción
Ante ese escenario, el 3 de octubre de 2025 se firmó un informe proponiendo la finalización de la adscripción, la suspensión del pago de productividades y la reincorporación del funcionario a su puesto en la Administración autonómica. La decisión, según el grupo de gobierno, respondía a la necesidad de restablecer el funcionamiento del área y garantizar una respuesta eficaz a la ciudadanía.
Es precisamente esa secuencia la que, a juicio de Marichal, explica el paso a la vía judicial. “No es casualidad el momento en el que se producen estas acciones”, afirma el edil, subrayando que la querella se formaliza semanas después de adoptarse estas medidas.
Legalidad y control del gasto
El responsable municipal defiende además que la actuación del Ayuntamiento se ha guiado por criterios de legalidad y control del gasto público. “El dinero público exige responsabilidad y no se puede destinar a retribuciones que no están justificadas por el trabajo realizado”, señala.
En paralelo, insiste en que gobernar implica adoptar decisiones que pueden generar conflicto, pero que responden al interés general. “Vamos a seguir defendiendo la legalidad y el uso correcto de cada euro público. No vamos a dar un paso atrás”, concluye.
Sin notificación
Pese a la existencia de la querella, el Ayuntamiento sostiene que no ha recibido notificación oficial de la misma, lo que implica que no consta su admisión a trámite y que se desconocen formalmente los hechos concretos que se pretenden imputar.
La respuesta de Marichal introduce así una lectura distinta del conflicto, contraponiendo la denuncia por supuestas irregularidades en Urbanismo con una explicación basada en el rendimiento del servicio y las decisiones adoptadas por la administración local en los meses previos.