El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, defendió este martes la implantación de una ecotasa autonómica "homogénea" para Canarias, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulara la tasa turística aprobada por el Ayuntamiento de Mogán, la primera que se cobraba en las Islas.
Morales reiteró su respaldo a este tipo de gravámenes y aseguró que "una ecotasa es necesaria para Canarias", al considerar que se trata de una medida implantada en "los principales destinos del mundo" y con una influencia "absolutamente positiva".
"Las personas que nos visitan están cada vez más sensibilizadas y, por lo tanto, entienden que es legítimo que se les demande una contribución para mejorar los servicios públicos, para proteger el medio, el territorio y el paisaje", afirmó.
Una ley autonómica frente a iniciativas aisladas
El presidente insular opinó, no obstante, que este tipo de iniciativas no deberían desarrollarse de forma aislada por municipios o islas, sino mediante una regulación común impulsada por el Ejecutivo autonómico. "Deberíamos trabajar en una tasa homogénea, en un impuesto que cree el Gobierno de Canarias a través de una ley que nos permita aplicarla de la misma manera en el conjunto del territorio", señaló.
A su juicio, "que cada municipio vaya por libre o que cada isla vaya por libre no es la mejor medida para afrontar un reto de estas características".
Morales defendió que los fondos obtenidos mediante una ecotasa permitirían "mejorar las infraestructuras, los equipamientos, proteger los espacios naturales y reforzar los servicios públicos" ante el incremento de la población y de los visitantes en periodos vacacionales.
La sentencia que reabre el debate
El TSJC anuló la tasa turística de Mogán, aprobada en 2025 con una cuota de 0,15 euros por persona y día de pernoctación, al considerar que el tributo "ni de lejos" cumple el principio de equivalencia, que exige que lo recaudado se destine a pagar un servicio efectivamente prestado. El fallo estimó el recurso de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT), que celebró la resolución y alertó de la doble imposición sobre el sector.
El Ayuntamiento de Mogán, por su parte, anunció este mismo martes que interpondrá un recurso de casación ante el Tribunal Supremo y recordó que la tasa sigue vigente hasta que exista sentencia firme, con cerca de 1,4 millones de euros recaudados y congelados hasta entonces.