El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, lanzó este viernes un mensaje rotundo contra la propuesta de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), que plantea autorizar un plan experimental de pesca con cerco industrial y la instalación de jaulas de engorde de rabil y atún rojo en aguas del Archipiélago.
“Una práctica de estas características en nuestras aguas es absolutamente insostenible”, afirmó con contundencia. Morales advirtió que el Cabildo se opondrá “de manera radical” a la técnica del cerco, por el “enorme daño económico y medioambiental” que causaría a la biodiversidad marina y al sector pesquero local. “Haremos todo lo que esté en nuestras manos, con los medios jurídicos y políticos disponibles, para frenar esta propuesta”, añadió.
Moción urgente y queja al Estado
El presidente insular anunció que el Cabildo presentará una moción en el próximo Pleno para rechazar la iniciativa y que elevará además una queja formal a la Secretaría General de Pesca del Gobierno estatal, que impulsó la propuesta ante la ICCAT. “Nos ponemos al servicio del sector pesquero para todas las acciones que sean necesarias”, aseguró.
Morales dejó claro que Gran Canaria no aceptará esta técnica ni en aguas canarias ni en aguas próximas. Vinculó esta posición con las preocupaciones del Cabildo ante la reciente cumbre entre España y Marruecos, en relación con la seguridad aérea, la delimitación marítima y la plataforma continental: “No vamos a permitir que se utilicen aguas cercanas para operaciones que perjudiquen a nuestra tierra”.
Un modelo pesquero que pone en riesgo la sostenibilidad
Acompañado por el consejero insular de Sector Primario, Miguel Hidalgo, y por el presidente de la Federación Provincial de Pescadores de Las Palmas, Gabriel Diego Jiménez, Morales recordó que la pesca con cerco está prohibida en aguas canarias y que solo se permite para pequeños pelágicos como sardinas o caballas.
“Esto supondría un cambio sin precedentes para la pesca tradicional en Canarias”, subrayó. La isla basa su actividad atunera en un método artesanal, con capturas uno a uno, que ha permitido defender incrementos de cuota sin perjudicar al recurso. “La pesca artesanal es sostenible; la industrial arrasa”, denunció.
El presidente alertó además de la elevada captura accidental de especies protegidas asociada al cerco industrial: tortugas, tiburones, delfines u otros pelágicos que migran en conjunto. “El impacto ecológico sería devastador”, afirmó.
Riesgo económico
Morales advirtió que la autorización no generaría beneficios al sector pesquero local, sino “un doble perjuicio económico”: competencia desleal con flotas industriales y presión sobre el recurso, lo que dificultaría el acceso al atún y pondría en riesgo otras especies costeras.
Recordó que la pesca del atún permite a la flota artesanal garantizar ingresos anuales y reducir el esfuerzo sobre especies costeras, contribuyendo a la recuperación de los ecosistemas marinos.
Peligros de las jaulas de engorde
El presidente insular alertó también del impacto de la acuicultura de engorde de atún rojo y rabil, que depende de capturas de ejemplares jóvenes y del suministro de pescado salvaje como alimento. “Es un modelo controvertido que requiere enormes cantidades de pescado salvaje y genera efectos ecológicos muy graves”, señaló.
El representante del sector pesquero, Gabriel Diego Jiménez, respaldó la postura del Cabildo y lanzó un mensaje firme: “Vamos a luchar contra quien sea para que esto no ocurra”.
Jiménez recordó que la flota canaria es polivalente, que trabaja con métodos sostenibles y que introduce en la cadena alimentaria “el mejor pescado del mundo”. Alertó de que la introducción del cerco industrial provocaría una “muerte natural” de la plataforma canaria: “En pocos años no tendríamos ni caballas, ni sardinas ni ningún pelágico”.
El patrón mayor denunció además que la propuesta se ha negociado sin contar con el sector y que podría arruinar el avance logrado en los últimos años hacia un modelo pesquero equilibrado.