La alcaldesa de Mogán (Gran Canaria), Onalia Bueno, ha anunciado que su Ayuntamiento no sufragará "ni un enterramiento más" de los inmigrantes que llegan fallecidos al puerto de Arguineguín o al resto de la costa del municipio, porque cree que debe abonarlos el Gobierno de España. "Yo sí cedo mis nichos para que haya un enterramiento, pero no los gastos que ocasiona ese enterramiento, porque no estamos hablando de uno, de dos, ni de tres", ha asegurado Bueno en unas declaraciones realizadas a Televisión Española en Canarias.
Arguineguín es el puerto de referencia de Salvamento Marítimo en el sur de Gran Canaria, allí han llegado, desde que se reactivó la Ruta Canaria, miles de migrantes africanos rescatados en el Atlántico y también decenas de cadáveres de aquellos que no soportaron la crudeza de la travesía.
Enterramientos
Los ayuntamientos han afrontado desde hace años los costes de la sepultura de estas personas en aplicación del Reglamento de Política Sanitaria Mortuoria, una norma de 1974 que atribuye a los municipios la responsabilidad de enterrar, por beneficencia, aquellas personas sin recursos que mueren en su territorio. Por ello, la Corporación de Mogán alega en contra porque la mayoría de los migrantes que descansan en sus composantos no murieron en su término municipal, sino en alta mar.
Respecto a esto, Onalia Bueno aduce que "son gastos" que tiene que "detraer de los impuestos de los vecinos" del municipio y se lamenta de que "la Delegación del Gobierno (en Canarias) ni siquiera se interesa por nada".
Traslado de puerto
No es la primera vez que la alcaldesa ha criticado el esfuerzo que su municipio asume en materia de migración. Entre otras cosas, ha reclamado que Salvamento se traslade a otro puerto, porque opina que sus rescates condicionan la normalidad en la actividad pesquera y turística del muelle de Arguineguín.
Y, en 2020, cuando el muelle estaba saturado por más de 2.000 migrantes que dormían hacinados sobre el suelo a la espera de que se habilitaran recursos de acogida, fletó autobuses para que dos centenares de personas que abandonaban el puerto sin destino asignado fueran trasladadas a las puertas de la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria en lugar de quedarse en las calles de Arguineguín.