El colectivo Turcón–Ecologistas en Acción ha denunciado que la multinacional Enel Green Power España pretende instalar una planta fotovoltaica de más de 11 hectáreas en la zona de Jeréz, en Telde, afectando a suelos agrícolas catalogados como rústicos de protección agraria especial (SRPAG-1). Según la organización, el proyecto, denominado Planta Fotovoltaica Aguadulce, busca ser declarado de utilidad pública, lo que le otorgaría derechos de expropiación sobre terrenos privados.
Turcón acusa a la Dirección General de Energía de eludir su responsabilidad al trasladar las alegaciones ciudadanas directamente a la empresa promotora para que esta las responda. A su juicio, el Ejecutivo ha “renunciado a su papel de garante del territorio” y “expuesto a los vecinos a la presión de una multinacional eléctrica”.
“La Administración se ha convertido en una mera tramitadora de los intereses empresariales de ENEL, abandonando la defensa del suelo agrario y la soberanía alimentaria”, señala el colectivo.
Transición energética “justa y ordenada”
Los ecologistas subrayan que no están en contra de las energías renovables, sino de su “implantación desordenada y socialmente injusta”, que convierte espacios agrícolas en polígonos industriales. En su lugar, Turcón propone usar cubiertas de edificios, naves, aparcamientos y suelos degradados, así como fomentar el autoconsumo compartido y las comunidades energéticas locales.
El grupo reclama al Gobierno de Canarias que deniegue la autorización ambiental del proyecto y lo someta a una evaluación de impacto ambiental ordinaria, además de reforzar la planificación energética insular para priorizar la soberanía energética y alimentaria.
Turcón insiste en que la transición hacia las energías limpias debe realizarse “sin destruir el territorio” y defiende que la protección del suelo agrario es “inseparable del derecho a un futuro sostenible para Canarias”.