Unas 400 personas se han manifestado este sábado en Playa del Inglés contra la decisión del Gobierno de Canarias de imponer sanciones a los propietarios de apartamentos calificados como turísticos que los utilizan como primera o segunda residencia, así como para vivienda vacacional o alquiler de corta o larga temporada. Tras la protesta, los propietarios y miembros de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística han celebrado una reunión para analizar las consecuencias que las sanciones, iniciadas en esta legislatura.
Hasta el momento se han puesto seis multas que van desde los 2.200 a los 9.000 euros contra dueños de apartamentos de complejos turísticos que no quieren alquilarlos, sino usarlos como su casa o segunda vivienda. Se trata de las primeras sanciones de un conflicto legal derivado de la Ley Turística de 2013 y que pone en jaque a quienes no puedan demostrar que utilizan su apartamento como primera vivienda o segunda residencia desde antes de 2017.
"Una vulneración constitucional"
"La legislación favorece a los explotadores turísticos y deja sin opciones a los propietarios", ha señalado uno de los afectados en declaraciones a Radio Televisión Canaria. La vicepresidenta de la Plataforma, Maribe Doreste, ha apuntado que la manifestación y posterior reunión ha "sobrepasado las expectativas" y ha calificado la asistencia como "masiva".
A juicio de esta afectada, lo que está ocurriendo es una "vulneración constitucional y de la jurisprudcencia del Tribunal Supremo respecto al derecho a la propiedad y a la libre residencia". Asimismo, ha acusado al empresariado detrás de la explotación turística de este tipo de apartamentos de "presionar a la clase política" para no cambiar la ley y solucionar la situación en la que están inmersos.
Crítica a políticos y administraciones
De este modo, la Plataforma ha presentado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que una nueva ley contemple esta realidad y se adapte mejor a la situación que atraviesan. "La actual regulación propicia la conflictividad en las comunidades de propietarios porque favorece la entrada en los complejos de empresas oportunistas y rentistas sin capital", ha dicho Doreste, que ha acusado a estas compañías de "buscar el rentismo" y de imponer limitaciones a propietarios que no quieren contratar con ellos.
También ha lamentado que, "pese a la simpatía de algunos responsables políticos", la realidad esté siendo que las administraciones "persisten en el hostigamiento a los propietarios que no ceden o que quieren usar lo que les pertenece para uso propio".