El Consejo de Administración de Puertos Canarios ha respaldado su decisión de no renovar la concesión a Cementos Especiales de las Islas (CEISA) en el muelle de Santa Águeda, amparándose en un informe técnico que desaconseja la continuidad de la empresa en la infraestructura portuaria. Esta resolución podría marcar el fin de las operaciones de la cementera en una ubicación estratégica para su actividad.
Entre los puntos clave que sustentan esta negativa figuran un informe desfavorable del director gerente; silencio administrativo y ausencia de suspensión judicial; defensa del interés público; cuestionamientos sobre la adecuación normativa; y legitimidad de las decisiones internas.
Sin resolución judicial
En el documento, al que ha tenido acceso este periódico, el director gerente emite un informe negativo respecto a la solicitud de CEISA. Aunque este informe no es vinculante, señala que la ampliación del plazo y el otorgamiento de un nuevo título concesional no se ajustan completamente a la normativa portuaria, los planes urbanísticos y territoriales aplicables.
El escrito destaca que la empresa CEISA interpuso un recurso contencioso en 2021 alegando la falta de respuesta a su solicitud de ampliación de concesión. Sin embargo, el dosier recalca que no existe una resolución judicial ni administrativa que suspenda las actuaciones de Puertos Canarios. El procedimiento continúa y la administración actúa dentro de sus facultades discrecionales.
Adecuación a la normativa
Según el informe, Puertos Canarios basa su decisión en la necesidad de garantizar que las concesiones portuarias estén alineadas con los fines y el interés público. Esto implica evaluar estrictamente la adecuación de la solicitud a la normativa y la oportunidad de renovar una concesión de esta naturaleza.
Aunque CEISA alude a sentencias favorables en otros procedimientos, estas no afectan el fondo del caso actual. El docuemto indica que la evaluación de la solicitud debe considerar exclusivamente la normativa portuaria y los objetivos estratégicos del ente público.
Motivación prolija
El secretario del consejo, además, refuerza que las discrepancias con el informe del director gerente son legítimas, pero carecen de las irregularidades alegadas por CEISA. El proceso seguido por Puertos Canarios está respaldado por una motivación prolija y se encuentra dentro de los marcos legales establecidos.
El futuro del muelle de Santa Águeda queda ahora en el aire, con la posibilidad de abrir nuevas oportunidades para proyectos portuarios más alineados con los planes estratégicos de Puertos Canarios. Mientras tanto, CEISA, que cuenta con una concesión de de recursos mineros hasta 2046, se enfrenta a una encrucijada que podría impactar significativamente su operativa.
Por unanimidad
El Gobierno de Canarias, del que depende Puertos Canarios, subraya que la decisión se ha tomado "sin votos en contra" y está "avalada jurídicamente", al tiempo que precisa que solo afecta al uso del puerto, no a los terrenos que ocupa la fábrica de cemento, que están "fuera del dominio público".
"De forma unánime, los representantes del consejo también mostraron su rechazo a las presiones externas recibidas para tratar de condicionar el sentido de su voto", añade el Ejecutivo.
Uso turístico
Hace ya un año que la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias determinó que la concesión que permitía Ceisa utilizar el puerto de Santa Águeda venció en octubre de 2022, una decisión con la que la empresa no está conforme y contra la que ha decidido litigar.
Además, el Ejecutivo canario sostiene que, vencida la concesión, el uso que le corresponde a ese puerto es el que determina el Plan Insular de Gran Canaria: es decir, turístico, no industrial.
Protestas
La reunión del consejo de administración de Puertos Canarios se celebró en el Edificio Usos Múltiples I mientras medio centenar de trabajadores de la cementera y vecinos de El Pajar protestaban fuera.