Ramírez al PP: "No tienen derecho a recibir copias de las facturas de Rafael Hernández (COAG)"

La consejera y portavoz de los populares en la Corporación Insular, Pepa Luzardo, pidió información sobre dos proyectos financiados a la asociación Oportunidades de Vida

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Carmelo Ramírez, consejero del Cabildo de Gran Canaria. / CABILDO DE GRAN CANARIA
Carmelo Ramírez, consejero del Cabildo de Gran Canaria. / CABILDO DE GRAN CANARIA

El consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad Internacional en el Cabildo de Gran Canaria, Carmelo Ramírez, explicó este martes por qué no envió a la portavoz del Grupo Popular, Pepa Luzardo, una copia de las facturas sobre dos proyectos financiados a la asociación Oportunidades de Vida dirigida por Rafael Hernández –el presidente de la COAG en el Archipiélago–. Durante una comisión de pleno aseguró que la Ley de Protección de Datos no se lo permite. 

Como publicó Atlántico Hoy este domingo, Luzardo pidió dos reportajes fotográficos y un calco de los billetes de avión –los pasajes tuvieron un coste, al parecer, de 3.525 euros– sobre la iniciativa ‘Mozambique pequeñas semillas’, así como un segundo titulado ‘Bamako’. Pero la respuesta por escrito de Ramírez a la que tuvo acceso este medio lo rechazaba por incluir “información sensible”.

Dinero en efectivo

El consejero fue tajante durante la comisión y le espetó a Luzardo que “no tiene ningún derecho a que le facilitemos las copias de facturas y menos de reportajes fotográficos donde hay personas y muchas veces menores”. Eso sí, insistió en que cuando quiera acceder a cualquier información podrá hacerlo aunque sin quedarse con un resguardo si el servicio no da el visto bueno.

La popular indicó que el próximo lunes irán a Agricultura para ver los expedientes “desde el primero hasta el último”. Luzardo detalló que cuando pidieron conocer todo lo que rodeaba ambos proyectos vieron en el listado pagos en efectivo para determinadas prestaciones médicas y docentes. La contestación de vuelta es que había varias facturas firmadas, por ello quieren conocer su contenido.

A la derecha, Carmelo Ramírez mira a cámara; en la izquierda, las tres consejera del Partido Popular / ATLÁNTICO HOY - MARCOS MORENO
A la derecha, Carmelo Ramírez mira a cámara; en la izquierda, las tres consejera del Partido Popular / ATLÁNTICO HOY - MARCOS MORENO

1.200 menores

Sobre los reportajes fotográficos, considera importante acceder a ellos porque la ONG dice “que atiende a 900 niños de manera directa y 300 de manera indirecta”. Y la manera que tienen para comprobarlo es ver las imágenes que el grupo de Gobierno del Cabildo se niega a facilitar. 

“Nosotros lo primero que hemos hecho es ir al Comisionado de Transparencia porque si no tendremos que acudir a la vía contenciosa, cualquier ciudadano tiene derecho a ver la información relativa a los expedientes donde hay dinero público”, continuó la consejera.

Varias preguntas

“Hay consideraciones jurídicas y técnicas que yo como consejero tengo que respetar y me atengo a las informaciones del propio servicio. Nosotros cumplimentaremos todo lo que diga el Comisionado de Transparencia una vez conozca la argumentación de por qué determinadas copias no se le han facilitado”, replicó Carmelo Ramírez. 

Un mensaje al que Luzardo remarcó: “¿Pero si no veo la memoria fotográfica cómo sé yo que este proyecto llega a 300 niños de manera directa y 900 indirecta? ¿Cómo que no puedo ver las facturas? Con la transparencia tenemos derecho a conocer absolutamente todo, desde el primer euro hasta el último”. 

Rafael Hernández, presidente de COAG / ATLÁNTICO HOY - MARCOS MORENO
Rafael Hernández, presidente de COAG / ATLÁNTICO HOY - MARCOS MORENO

Reglamento del Cabildo

A la hora de redactar la respuesta por escrito, Ramírez se amparó en el artículo 18 del Reglamento Orgánico del Pleno del Cabildo. Un texto donde se recoge que “la petición de información se podrá denegar cuando se trate de información reservada o de datos de carácter personal amparados por la normativa de protección”.

Los datos fueron solicitados por la consejera y portavoz en el mes de diciembre, antes de que se conociera los presuntos hechos por los que está siendo investigado Rafael Hernández. Al presidente de la COAG-Canarias se le acusa de, presuntamente, haber empleado en sus fincas privadas a menores migrantes.