El ambicioso plan de vivienda pública del municipio sigue la tramitación prevista. Tras el reciente informe del servicio de Patrimonio que señalaba posibles defectos legales en el acuerdo con Visocan, los servicios jurídicos municipales han emitido un contrainforme que da por subsanados los errores detectados.

Obstáculo administrativo, no una resolución

Fuentes municipales han aclarado que el documento crítico de Patrimonio era, en esencia, un informe técnico y no una resolución vinculante. Esta distinción ha sido clave para que el área de Vivienda pudiera actuar con rapidez. Al tratarse de fallos de forma y no de fondo, los juristas del Ayuntamiento han podido corregir las deficiencias, blindando legalmente el convenio de 35 millones de euros suscrito con Visocan.

"No tendría sentido seguir adelante con los proyectos si el problema no estuviera resuelto al 100%", explican desde el Ayuntamiento. La prioridad, ahora, es que las grúas empiecen a trabajar cuanto antes, con la finalidad de paliar el grave problema de vivienda pública del municipio.

El interés general es una de los criterios alegados en el nuevo informe para dar luz verde a más de 260 casas, sorteando así la falta de un informe previo de la Intervención municipal para fiscalizar el gasto, siempre en aras de la buena fe y la experiencia de Visocan, empresa del Gobierno de Canarias que se encargara de ejecutar las diferentes promociones.

Proyecto estrella  

Con este blindaje jurídico, el Ayuntamiento ratifica su hoja de ruta para lo que resta de mandato, pues el convenio suscrito recupera su validez plena, permitiendo la licitación de los proyectos.

El objetivo es entregar más de 260 viviendas entre 2026 y 2027, divididas entre las 180 del convenio directo y las 43 financiadas por el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI).

La previsión es que las obras sean el motor habitacional del sur de Gran Canaria, con barrios como Castillo del Romeral, Lomo de Maspalomas y Santa Águeda entre los beneficiados.

El contrainforme supone un espaldarazo a la gestión del área de Vivienda, que logra sortear un bache burocrático que amenazaba con paralizar uno de los proyectos más esperados por los vecinos de San Bartolomé de Tirajana.