El Ayuntamiento San Bartolomé de Tirajana analiza el informe de la jefa de Patrimonio que detecta vicios de nulidad en el convenio con la empresa pública Visocan para hacer 283 viviendas públicas en el municipio.
Desde la institución se subraya que dicho texto es un informe técnico y no una resolución administrativa final, y que el objetivo es utilizarlo como hoja de ruta para validar y dotar de total seguridad jurídica al proyecto.
Servicios Jurídicos
Tras la recepción del informe de Patrimonio, el expediente ha sido derivado a los Servicios Jurídicos municipales. Esta medida busca analizar pormenorizadamente los reparos señalados para articular una respuesta que permita reparar los defectos y continuar con la hoja de ruta prevista para el parque de viviendas protegidas.
El Ayuntamiento recalca que la intención es ejecutar el convenio con todas las garantías, por lo que se estudiarán las vías de subsanación y convalidación de los actos administrativos que Patrimonio considera deficientes por falta de firmas técnicas o fiscalización previa.
Prioridad para el Sur
Y es que el convenio suscrito con la empresa del Gobierno de Canarias es uno de los proyectos estrella de San Bartolomé. En esa cesta ha puesto el concejal Alejandro Marichal todos los huevos junto al desarrollo hotelero de Meloneras, con décadas de bloqueo por los efectos de la moratoria turística.
El propio Marichal, tras la puesta en marcha del convenio con Visocan este verano, anunció que el municipio iba a dar un "salto histórico" en vivienda pública con "la primera actuación significativa" en dos décadas. "Nuestro objetivo es que ningún vecino tenga que marcharse por falta de vivienda asequible", añadió.
La inversión es importante: 35 millones de euros para crear un parque de casas protegidas en Castillo del Romeral, Santa Águeda y Lomo de Maspalomas, incluidas promociones destinadas a alquileres razonables.
Fallos graves
El problema es que Patrimonio ha detectado un error grave en el expediente: no existe informe previo de la Intervención Municipal, lo cual es obligatorio para autorizar el gasto, y hay varios reparos que fueron levantados por el Pleno municipal para poder aprobar el convenio.
Por eso el informe propone que se anule todo y se vuelva a tramitar el proyecto como primera opción. También es posible realizar una convalidación de los actos bajo los términos que permita la ley, pero siempre supeditado a nuevos informes jurídicos y de Intervención.
Es, por tanto, en el órgano fiscalizador donde el grupo de gobierno tiene el problema. De ahí que la solución sea complicada, sobre todo a raíz del contundente dictamen del Servicio de Patrimonio.
Garantía para los vecinos
Desde el Consistorio, sin embargo, se transmite un mensaje de tranquilidad. La actual fase de revisión jurídica no supone el abandono del convenio, sino un refuerzo del mismo para evitar que futuros recursos legales puedan frenar la construcción de las viviendas.
El Ayuntamiento, por tanto, sigue adelante con su plan, cuya primera actuación es la compra de 20 viviendas en Castillo del Romeral para destinarlas a alquileres asequibles.