Las dos patronales mayoritarias de la ingeniería privada en España, TECNIBERIA y CÍES, han mostrado su oposición frontal a que el Cabildo de Gran Canaria haya entrado en el accionariado de INECO, la ingeniería pública estatal a la que la institución insular quiere encomendar de forma directa buena parte del desarrollo del tren de Gran Canaria. Ambas organizaciones alertan de que la fórmula puede reducir las oportunidades de las empresas privadas en los grandes proyectos de infraestructuras de la isla.
Qué ha aprobado el Cabildo
El Pleno insular aprobó el pasado 31 de julio, antes del parón estival, la compra de una acción de INECO por un valor nominal de 125,01 euros y un coste de adquisición de 1.246,13 euros. La operación, de importe simbólico, tiene un objetivo mucho más amplio: permitir que el Cabildo recurra a INECO como medio propio para encargarle de forma directa, sin concurrencia pública, trabajos como la gestión de expropiaciones, la redacción de pliegos, la dirección y supervisión de proyectos (PMO) y el apoyo técnico durante las obras del tren.
El rechazo frontal de las patronales
TECNIBERIA (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos) y CÍES (Federación de Asociaciones de Empresas de Conocimiento e Ingeniería de España) sostienen que la incorporación de nuevas administraciones al capital de INECO amplía su uso como medio propio y reduce el acceso de las ingenierías privadas a proyectos públicos. Ambas patronales insisten en que el desarrollo de infraestructuras estratégicas como el tren debe garantizar la libre competencia y la concurrencia empresarial, y reiteran su ofrecimiento al Cabildo para que sea el sector privado quien ejecute el proyecto insular.
El precedente del Gobierno de Canarias
La entrada del Cabildo no es un caso aislado. El Gobierno de Canarias ya había abierto esta puerta el pasado 2 de febrero, al adquirir una acción de INECO por 1.450,27 euros. El Cabildo de Gran Canaria es ahora la primera corporación insular en seguir el mismo camino. Hasta la llegada de estas administraciones autonómicas, el capital de INECO —dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible— estaba repartido en exclusiva entre empresas públicas estatales: Enaire (45,85%), Adif (20,69%), Adif Alta Velocidad (20,68%) y Renfe (12,78%). De hecho, la consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno canario acaba de encargar a INECO un estudio para implantar carriles inteligentes en las autovías GC-1 y GC-3.
El proyecto ferroviario al que se aplicará esta fórmula lleva más de dos décadas sobre la mesa. Se trata de un corredor de unos 58 kilómetros y 11 estaciones que uniría Las Palmas de Gran Canaria con Maspalomas, pasando por Telde y el aeropuerto, con un trayecto estimado de 35 minutos entre Santa Catalina y el sur turístico. Su coste ronda los 2.000 millones de euros, cifra que el Gobierno de España se comprometió a cofinanciar en septiembre de 2025 mediante un protocolo firmado junto al Gobierno de Canarias y el propio Cabildo. Este 2026 el proyecto ha dado uno de sus pasos más relevantes al obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, tras un trámite que recibió 21 alegaciones y 23 informes técnicos. Las tres administraciones prevén escalonar las obras, arrancando por una primera fase entre el Aeropuerto y Vecindario. Es precisamente en esta fase de redacción de proyectos y licitaciones donde el Cabildo quiere apoyarse ahora en INECO, el mismo punto que cuestionan TECNIBERIA y CÍES.
El riesgo de "intrusismo profesional"
Más allá de la competencia, el sector privado apunta a un segundo problema: si INECO no cuenta en plantilla con todos los perfiles técnicos necesarios, podría verse obligada a subcontratarlos en el mercado, con menos garantías de control que en una licitación pública abierta. TECNIBERIA y CÍES advierten de que esto podría derivar en intrusismo profesional y en riesgos para la calidad y la seguridad de las obras, una preocupación que, aseguran, comparten los propios técnicos del sector.
Los límites legales del "medio propio"
Las patronales recuerdan que el recurso a un medio propio debe responder a supuestos excepcionales recogidos en la legislación —razones de seguridad nacional, urgencia o inexistencia de proveedores alternativos en el sector privado— y no puede convertirse en una vía habitual para esquivar la contratación abierta.
Subrayan además que cada encargo debe justificarse caso por caso, y no de forma genérica, demostrando que resulta más eficiente que una licitación convencional, una exigencia que, según avisan, los tribunales ya están aplicando en la práctica. Ambas organizaciones aseguran que estarán muy atentas al cumplimiento de estos requisitos en los próximos encargos de INECO.
Piden una reunión con el Cabildo
TECNIBERIA y CÍES han solicitado una entrevista con el consejero de Presidencia y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria para trasladarle su postura y poner a disposición de la institución la experiencia de sus empresas asociadas. Tecniberia agrupa a un centenar de ingenierías privadas con ventas conjuntas de más de 8.000 millones de euros en 2025, mientras que CÍES reúne a 173 empresas —entre ellas AINCO, su asociación territorial en Canarias— con una facturación agregada de 600 millones de euros.
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