Las principales patronales de la ingeniería en España han alzado la voz contra la estrategia del Gobierno de Canarias para acelerar las infraestructuras ferroviarias en Gran Canaria y Tenerife. TECNIBERIA y CÍES han emitido un comunicado conjunto este lunes en el que rechazan frontalmente la entrada de la comunidad autónoma en el capital de la ingeniería pública INECO, una maniobra administrativa diseñada para que la empresa estatal pase a ser considerada medio propio del Ejecutivo regional.
Según denuncian las organizaciones empresariales, esta operación permite a la administración adjudicar contratos de forma directa, esquivando los concursos públicos. El sector privado alerta de que la presencia de las administraciones en el consejo de administración de INECO socava su actividad y capacidad de crecimiento, generando una distorsión en la libre competencia que afecta al tejido empresarial local y nacional.
"Freno" al sector privado
Las asociaciones recuerdan que la legislación española restringe el uso de medios propios —como INECO— a situaciones muy concretas: razones de seguridad nacional, urgencia o cuando no existen proveedores privados capaces de ofrecer el servicio con eficiencia. Para TECNIBERIA y CÍES, los proyectos ferroviarios de Gran Canaria y Tenerife no justifican esta excepcionalidad, ya que existen ingenierías privadas perfectamente cualificadas para asumir dicha carga de trabajo mediante procesos de concurrencia competitiva.
El sector critica el "uso abusivo" de la contratación pública directa, advirtiendo que esta dinámica levanta barreras al desarrollo de las empresas de capital privado. Al drenar una parte considerable de la inversión pública hacia una sociedad mercantil estatal, se dificulta la robustez y rentabilidad de las consultoras privadas, que ven reducidas sus oportunidades de licitar en igualdad de condiciones.
La maniobra del Gobierno
La reacción patronal responde al acuerdo aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 2 de febrero. El Ejecutivo autonómico autorizó la adquisición de una acción de INECO por un valor de 1.450,27 euros, con el objetivo declarado de convertir a la entidad en un brazo ejecutor propio para la planificación de los trenes en las islas. Esta participación simbólica otorga a Canarias los mismos derechos políticos que al resto de accionistas.
Como consecuencia de esta entrada en el capital, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, pasará a formar parte de la Junta General y del Consejo de Administración de la sociedad, cuyos accionistas mayoritarios son Enaire, Adif y Renfe. Las patronales temen que este movimiento en Canarias siente un precedente y que otras comunidades autónomas sigan el mismo camino para adjudicar contratos "a dedo".
Oferta de las empresas
Ante este escenario, las ingenierías privadas han movido ficha. Además de mostrar su rechazo, TECNIBERIA y CÍES han trasladado al Gobierno de Canarias una oferta formal para que sean sus empresas asociadas las que desarrollen el plan de ferrocarriles previsto. Defienden que la licitación abierta y transparente es la vía más eficiente para garantizar el interés general y la calidad técnica de las infraestructuras.