El Ayuntamiento de Teror ha sido denunciado por, presuntamente, pagar miles de euros a través de concesiones administrativas para un servicio que tiene el contrato caducado. Los supuestos hechos están relacionados con la zona deportiva del municipio —piscina municipal, pabellón, sala de musculación y campo de fútbol—, gestionada por la empresa NRS —antes Lenaf— a pesar de tener el acuerdo expirado desde el año 2021.
El denunciante, un ciudadano técnico en la materia, ha enviado la información tanto a la Guardia Civil —para que la remita al Juzgado— como a la Fiscalía Anticorrupción. El documento recoge que la compañía recibe alrededor de 25.000 euros —presuntamente— todos los meses mediante factura porque se llegó a un acuerdo por ser un servicio deficitario.
Los presuntos delitos
La denuncia, que señala a los últimos concejales de Deportes que ha tenido el municipio, hace referencia a presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho. Subraya que la empresa ha ingresado 1,2 millones desde 2021 sin que exista un contrato en vigor. Además, indica que no consta ningún tipo de concurso o licitación pública desde entonces.
La entidad explota la zona deportiva mediante gestión indirecta desde el año 1999. La última adjudicación es del 2013, con una concesión de todo el espacio por seis años, pero como es anterior a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad no se pudo aplicar su articulado, donde “se prohíbe taxativamente subvencionar servicios públicos deficitarios”.
"La ley es clara"
“Esta ilegalidad se ha seguido manteniendo pasados ya casi 12 años desde la entrada en vigor de dicha Ley. Es evidente que no se quiere salir de la situación que viene del contrato anterior porque habría que eliminar la subvención directa a la empresa”, desarrolla la denuncia. Además, hace mención a que la Ley de Contratos del Sector Público.
“También prohíbe taxativamente, ya que no existe en su articulado nada que lo exponga, que un servicio público pueda ser prorrogado de forma directa a favor de la empresa cuando esté finalizado. La Ley es clara: si finaliza el contrato y la prórroga, hay que volver a licitar y sacar a concurso”, prosigue. Ahora bien, ¿podría tratarse de un servicio esencial?
"Medidas urgentes"
Según el denunciante no, porque “la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, establece que la gestión de instalaciones deportivas es un servicio esencial cuando el municipio cuenta con más de 25.000 habitantes”. Teror tiene alrededor de 12.500, justo la mitad. Por ello, solicita al juez medidas urgentes de control del servicio.
Entre las cuestiones que pide está la suspensión de todos los servicios y actividades que se ofertan en la Zona deportiva de Teror al encontrarse explotados —presuntamente— en fraude de Ley por la empresa Lenaf. Considera oportuna una encomienda de gestión directa al Ayuntamiento de Teror suprimiendo toda relación con esta empresa y sus trabajadores.
Concejales de Deportes
Solicita un establecimiento de responsabilidades técnicas y políticas entre los implicados en el mantenimiento de la empresa en el servicio durante cuatro años posteriores a la finalización de la prórroga. Cuenta que la decisión de continuidad fue tomada por la Junta de Gobierno y existen actas de dichos acuerdos.
Señala que incurren en una presunta ilegalidad dolosa a las arcas públicas los concejales de Deportes firmantes de las facturas mensuales de 25.000 euros a favor de la empresa concesionaria sin tener vigente ninguna adjudicación ni contrato. Apunta a Rubén Domínguez, Laura Quintana y Juan Moisés Rodríguez como presuntos responsables.
Crédito presupuestario
Al parecer, la Intervención del Ayuntamiento norteño emitió un informe en el que aborda la “inexistencia de crédito presupuestario adecuado y suficiente” para el que se envió una petición con el objetivo de levantar el reparo firmada por un abogado al que el Consistorio le encargó el documento.
La denuncia por parte del ciudadano técnico en la materia contra el Ayuntamiento, a la que ha tenido acceso Atlántico Hoy, quizás no sea la úninca que reciba la corporación municipal porque —según ha podido saber este periódico— desde Nueva Canarias (NC) están consultando con sus servicios jurídicos la posibilidad de iniciar un contencioso.